«Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones». Estas palabras pueden significar muchas cosas, pero cuando las pronuncia un jefe de Estado después de haber acusado a las autoridades catalanas de culminar «un inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña», la amenaza es de un calibre descomunal. Felipe de Borbón es el capitán general de las Fuerzas Armadas.

Tras un silencio de semanas, el monarca pronunció ayer a la noche el discurso más amenazante y agresivo escuchado en décadas desde la Casa Real. Acusó a «determinadas autoridades de Catalunya» de incumplir la Constitución «de una manera reiterada, consciente y deliberada», denunció su «deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado» y consideró, además, que han quebrado «los principios democráticos de todo Estado de Derecho».

«Esas autoridades, de una manera clara y rotunda, se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia. Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional», añadió antes de culminar su discurso ensalzando su «compromiso como Rey con la unidad y la permanencia de España». Habrá que ver en las próximas horas en qué acciones concretas se traducen las amenazas de ayer, pero es difícil augurar nada bueno.

La calle desbordada

Las amenazas de Felipe de Borbón llegaron tras una nueva movilización masiva en Catalunya. No solo fue Barcelona; las imágenes que llegaron desde ciudades como Girona, Igualada y Tarragona dibujaron un multitudinario mosaico con cientos de miles de personas manteniendo el pulso del referéndum en las calles y plazas de toda Catalunya, unos bajo la llamada del parón nacional y otros convocados en huelga general.

La pregunta, sin embargo, sigue siendo: ¿y ahora qué? Antes de que hablase Felipe de Borbón –cuya intervención podría precipitar ahora los acontecimientos–, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, anunció que hoy se trasladará el recuento definitivo del 1-O al Parlament. Con el resultado en la mano, serán la Mesa y la Junta de Portavoces, que se reúnen a partir de las 10.00, las que deben poner fecha al pleno en el que los diputados decidirán qué hacer con los resultados del referéndum. La Ley que le da amparo, en principio, no deja margen para el titubeo. Este es el diáfano artículo 4.4 de la norma: «Si el recuento de los votos válidamente emitidos da como resultado que hay más afirmativos que negativos, implica la independencia de Catalunya. A tal efecto el Parlament de Catalunya, dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados por parte de la Sindicatura electoral, celebrará una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de la independencia de Catalunya, sus efectos y acordar el inicio del proceso constituyente».

Las espectaculares imágenes de ayer muestran que el músculo social se mantiene, pero cabe preguntarse hasta cuándo lo hará. Lo lógico parece pensar que, si tal y como se ha insinuado se apuesta por una declaración de independencia como forma de buscar la mediación internacional, se aproveche la ola generada por el referéndum del domingo, convocándose el pleno para el viernes, 6 de octubre, jornada de gran carga simbólica, al ser el día en que Companys proclamó el Estado catalán en 1934 –duró unas pocas horas–.

Pero mejor no dar las cosas por hecho y esperar a que esta mañana se empiecen a tomar decisiones, a la espera también de que se concreten las amenazas de Felipe de Borbón. Tras escucharle, el president, Carles Puigdemont, declaró a la BBC que declararán la independencia «en cuestión de días». El trasiego político entre bambalinas es intenso estos días. Por si acaso, también el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, marcó posición: «Pedimos al Parlament que haga la declaración de independencia sin dilación».

Piolín se queda

Antes de que hablase el jefe de Estado, Interior ya había adelantado que mantendrá el despliegue de policías españoles y guardias civiles en los próximos días. El permiso de las embarcaciones en las que se alojan acababa en un principio mañana, pero según se supo ayer, lo han alargado, como poco, hasta el próximo 11 de octubre. Pese a las quejas iniciales de algunos policías por las condiciones del barco, la estancia de aquellos que se alojan en hoteles no está siendo más cómoda.

Después de que el lunes por la noche guardias civiles de uniforme y de paisano, con porras extensibles, agrediesen a vecinos de Calella (Barcelona) que protestaban contra su presencia –arremetiendo también contra el cordón de los Mossos–, el martes los hoteles que alojaban a los cuerpos policiales españoles decidieron desalojarlos. Fueron trasladados a la vecina Pineda de Mar, donde un hotel también optó por expulsarlos ayer. Las protestas bajo el lema «Fora les forces d’ocupació» se están dando también, por ejemplo, en Reus o Figueres.

La alarma cundió en Madrid, donde el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ordenó a los agentes que no abandonen ningún hotel por los escraches. Paralelamente, la Fiscalía de Barcelona abrió diligencias por un supuesto delito de odio y discriminación contra los cuerpos de seguridad españoles.

No fue el único movimiento judicial del día. Mientras en Girona algunos jueces, fiscales y abogados protestaban contra la violencia estatal, la Fiscalía consideró ayer que la actuación policial del 1-O no afectó «en absoluto a la normal convivencia ciudadana». De hecho, dio la vuelta a la tortilla y recriminó al Govern haber actuado «de forma irresponsable» por organizar a la ciudadanía en concentraciones «tumultuarias» ante los colegios electorales; palabra desempolvada para recuperar el delito de sedición. Lo hizo en el escrito con el que pidió rechazar la denuncia de la Generalitat contra la actuación policial.

Apuntes del día

La Fiscalía acepta los resultados del 1-O

En el escrito en el que rechaza la denuncia del Govern por las cargas policiales, la Fiscalía da por buenos los 2.262.424 votos anunciados por la Generalitat y, para defender que la actuación policial fue proporcionada, defendió que solo un 0,037% de los votantes resultaron heridos.

Sospechas sobre infiltrados

La posible presencia de policías infiltrados en las movilizaciones corrió ayer como la pólvora en Barcelona, aunque no consiguió alterar la jornada. Sin embargo, sí que se suspendió a última hora, y por motivos de seguridad, la acampada de los universitarios en el centro de Barcelona.