En el atestado con fecha del 5 de octubre, recogido por Europa Presss, y que ha sido remitido a la magistrada Carmen Lamela, la Guardia Civil pide que la instructora expida un mandamiento o requerimiento a la Asociación Española de Banca, a la Confederación Españolas de Caja de Ahorros y a la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito para que faciliten toda la información y datos bancarios vinculados a las dos entidades catalanas.

La Guardia Civil afirma que pide toda esta información «con la finalidad de solicitar el bloqueo de las cuentas y productos bancarios y financieros en que estas entidades pudiesen figurar como titulares o autorizadas».

En concreto, el Instituto Armado interesa que se analicen cuentas bancarias, depósitos, valores, acciones, deuda pública, cajas de seguridad u otros activos financieros tanto las que siguen en activo como las que se encuentren canceladas, «ya sean como titulares, autorizados o mediante otra forma de vinculación a los mismos».

También entra dentro del requerimiento los préstamos o créditos de cualquier tipo –hipotecarios, personales– y productos financieros como talonarios de cheques, tarjetas, planes de pensiones, fondo de inversiones, que estén vinculados a estas cuentas u otras relacionadas o a nombre de las asociaciones.

Asimismo, se pide la identificación de todos los intervinientes –titulares, autorizados o de cualquier otra forma– que figuren en dichas cuentas y productos bancarios, así como de el «origen y destino» y titularidad de las transferencias que se hayan podido realizar.

La Guardia Civil explica en su atestado que los presidentes de ANC y Òmnium Cultural tuvieron un «papel decisivo» al movilizar y convocar a través de las redes sociales a los manifestantes ante la sede de la Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat, el día 20 de setiembre, «con el objeto de impedir el cumplimiento de los distintos tribunales», es decir, el registro de las sedes institucionales.

Por los hechos de aquel día, en el que fueron arrestados altos cargos de la Generalitat, Sànchez y Cuixart están investigados por un presunto delito de sedición, junto al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y la intendente Teresa Laplana. Los cuatro investigados comparecieron el pasado viernes en la Audiencia Nacional y salieron sin que se les impusiera ninguna medida cautelar. Sin embargo, se prevé que vuelvan a ser citados después de que la Guardia Civil presentara un nuevo informe.