En esta declaración, firmada por estos colectivos y presentada hoy en conferencia de prensa, se subraya que la prostitución constituye una forma de vida de mujeres y menores que «menoscaba y obstaculiza» los derechos reconocidos en la Constitución española y en los convenios y textos internacionales.

Por ello, consideran que las acciones, iniciativas y recursos públicos «deben ser destinados exclusivamente a habilitar recursos que promuevan la salida de mujeres y menores de la prostitución y no a promover, ratificar o estimular la supervivencia de las mismas en prostitución».

En ese sentido, denuncian que «la existencia de un mercado de prostitución en el que se exhiben y ofertan mujeres y menores para consumo sexual masculino debe ser desactivado, desarrollándose en consecuencia con ello medidas autonómicas y locales que impidan la actividad económica de los proxenetas y de la industria del sexo».

Conseguir ese objetivo, añaden, «requiere una actividad directa de las administraciones públicas que imposibiliten el establecimiento y desarrollo de tales actividades».

En la declaración se destaca que la demanda masculina «constituye un elemento esencial para la pervivencia de la prostitución» y por tanto la acción pública debe concentrarse en el impulso de políticas que «presenten tales prácticas como actos de poder y de violencia incompatibles con una sociedad que proclame el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres».

Se reclama por este motivo a las administraciones públicas que elaboren y desarrollen un plan integral de acción autonómico y planes municipales que establezcan como objetivos básicos el desmantelamiento de la industria del sexo, la desactivación de la demanda y la creación de itinerarios de salida para las personas en situación de prostitución con todos los recursos disponibles.