Los abogados de los jóvenes imputados por la trifulca ocurrida el 15 de octubre de 2016 en Altsasu, en la que se vieron implicados dos guardias civiles fuera de servicio y sus parejas, denunciaron ayer que la Audiencia Nacional ha denegado la práctica totalidad de las pruebas de las defensas. «Inadmite pruebas imprescindibles, pertinentes y necesarias para la defensa de los acusados, sumiéndoles en la más absoluta indefensión, al vetarles la posibilidad de ejercer su derecho a un juicio justo y con todas las garantías», destacaron tras recordar que la Fiscalía solicita una pena de 375 años de prisión para los acusados.

El fiscal José Perals atribuye a siete de los procesados –Oihan Arranz, Jokin Unamuno, Jon Ander Cob, Julen Goikoetxea, Adur Ramírez de Alda, Aratz Urrizola e Iñaki Abad– cuatro delitos de «lesiones terroristas» y reclama doce años y medio de cárcel por cada uno de estos de delitos, lo que suma 50 años para cada uno. A Arnanz le imputa además un delito de «amenazas terroristas», con lo que en su caso la petición se eleva a 62 años y medio de prisión. Y para la octava acusada, Ainara Urkijo, pide doce años y medio de prisión por «amenazas terroristas».

«La calificación jurídica de los hechos, la desproporcionalidad de las penas privativas de libertad interesadas por las acusaciones y la precipitada conclusión del sumario por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, denegando también todas las diligencias de investigación interesadas por las defensas, son un ejemplo más de la situación de indefensión que sufrieron los acusados desde la incoación del procesamiento y seguirán padeciendo en el juicio oral», añadieron los letrados en una rueda de prensa ofrecida en Madrid, donde advirtieron de que la Sección Primera de la Sala de lo Penal «está vetando el ejercicio del derecho a la defensa y a una juicio con todas las garantías».

Según explicaron, el fiscal y el resto de acusaciones quieren vincular con ETA el movimiento surgido para reivindicar la desmilitarización de Euskal Herria, denominado Alde Hemendik, y emplean un informe de la Guardia Civil para trasladar está supuesta vinculación a una pelea ocurrida en un bar sobre las cinco de la madrugada el 15 de octubre de 2016, Día de Ferias. Y a las defensas se les impide contradecir esa vinculación, ya que se ha denegado la declaración de testigos pertenecientes a movimientos que, a lo largo de la historia, han reclamado la salida de FSE; se han ignorado resoluciones absolutorias en las que se enmarca esta reivindicación en el ejercicio de la libertad de expresión; y se ha vetado un informe pericial que «permitiría explicar el origen real de Alde Hemendik, su nacimiento y su evolución ajena a ETA».

«Igualmente se inadmiten vídeos grabados en el propio bar en que ocurrieron los presuntos hechos y sus alrededores, fotografías y planos del local, mapas de Alsasua extraídos de Google Maps y vídeos grabados por uno de los acusados la noche de los hechos, porque, a decir de la Sala, al haberlos aportados las defensas, ‘no cuentan con garantías’», señalaron los abogados, y censuraron que «a las acusaciones se les ha permitido aportar vídeos procedentes de internet y fotografías tomadas por ellos, algunas de fecha posterior al 15 de octubre de 2016».

Asimismo, remarcaron que el tribunal de excepción «ha imposibilitado también la prueba de audición de entrevistas radiofónicas a los denunciantes en las que estos ofrecerían detalles contradictorios respecto de los relatados en sus declaraciones sumariales. E impide a las defensas la aportación de un informe pericial que cuestiona la mecánica de las ruedas de reconocimiento en fase de instrucción, cuando se produjo la identificación, por parte de las supuestas víctimas, de los jóvenes de Alsasua que en ese momento se hallaban privados de libertad –tres continúan en prisión–». «Aquellas ruedas de reconocimiento practicadas en el juzgado instructor se formaron con personas de diferentes edades, nacionalidades y etnias, previamente trasladadas desde las prisiones de Soto del Real y Alcalá Meco», apuntaron.

Tampoco se ha admitido la declaración de muchos de los testigos propuestos por las defensas, entre los que se encuentran personas que acompañaban a los jóvenes acusados en el momento de lo hechos y que podrían dar cuenta de qué es lo que realmente ocurrió aquella noche en el bar Koxka.

No se puede recurrir

La denegación de las pruebas y el veto a los testigos están recogidos en el auto del 27 de octubre, un auto que es «irrecurrible». Así, las defensas solo han podido formular protesta por escrito contra la referida inadmisión de prueba, a «efectos de un ulterior recurso contra la correspondiente sentencia».

«En definitiva, de lo anterior se desprende que la actuación del tribunal, al decidir sobre la admisión e inadmisión de las pruebas propuestas por las partes para practicarse el acto del juicio oral, conlleva una evidente vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías, a la defensa y a la utilización de medios de prueba pertinentes para su defensa, amparados en el artículo 24 de la Constitución, así como del derecho a un juicio justo, recogido en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y conlleva una quiebra de la necesaria apariencia de imparcialidad que debe presidir las actuaciones del tribunal sentenciador», concluyeron los abogados.

Un año de miedo, rabia e impotencia

Ayer hizo un año de la detención de ocho jóvenes de Altsasu por su presunta participación en una trifulca en la que se vieron implicados dos agentes de la Guardias Civil. Un año de una redada que está «quitando la vida» a las madres y los padres de los imputados, que durante estos meses han llorado «de miedo, de rabia y de impotencia». «Y las últimas noticias son más aterradoras si cabe, ya que la denegación de testigos y pruebas por parte de la Audiencia nos hace presuponer la mayor de las indefensiones», destacaron en una concentración celebrada junto a Altsasukoak Aske, que denunció la actitud del Estado español.

«Aprovechó un suceso en un bar a las cinco de la mañana un día de fiestas para crear un montaje que ha derivado en una acusación de terrorismo y más de 300 años de petición fiscal», señaló la plataforma, que insistió en que «la consecuencia más cruel, hasta ahora, es el año de cárcel que ya han sufrido Oihan, Jokin y Adur, y lo que ha modificado la vida en Altsasu». «Dijeron que eramos un pueblo dividido, intransigente, violento, de difícil convivencia... y lo dijeron representantes de partidos políticos, responsables de distintos organismos estatales y también muchos medios de comunicación, y siguen. ¡Pero que nos pregunten a nosotras, que pregunten a Altsasu quién ha roto la convivencia, se lo diremos!», manifestó la plataforma, que anunció la celebración de una manifestación el próximo 26 de noviembre a las 13.00 desde Iortia.I.S.