En su última conversación privada con periodistas, en un acto en Buenos Aires que ha sido revelado por algunos contertulios, el fallecido fiscal general del Estado, José Manuel Maza, subrayó que no está tan claro que el Tribunal Supremo vaya a terminar asumiendo la causa contra el Govern legítimo por rebelión. Avanzó allí Maza que la Fiscalía se iba a oponer a ello, y ayer se subrayó que el criterio del Ministerio Público se piensa mantener intacto sea quien sea el nuevo titular del cargo.

El Gobierno español señala que el relevo se acometerá «cuanto antes» pero «sin precipitaciones» dado que se cuenta con la garantía de que la posición fiscal sobre Catalunya está sellada. La ley establece que el fiscal general sea nombrado por el Rey tras acuerdo del Consejo de Ministros pero precisa el aval del Consejo General del Poder Judicial y después ser oído en la Comisión de Justicia del Congreso, por lo que el trámite llevará su tiempo. La función ha sido asumida por el teniente fiscal del Supremo Luis Navajas, conocido por aquel informe secreto sobre conexiones entre Intxaurrondo y el narcotráfico que elaboró a finales de los 80, cuando ejercía como jefe del Ministerio Público en Gipuzkoa.

La primera decisión que se espera de la Fiscalía sobre Catalunya se refiere a la acumulación o no de los casos abiertos en el Supremo, lo que supondría sacar del caso a la Audiencia Nacional. A largo plazo ello depararía algo más de garantías para los imputados, y a corto supondría además probablemente la excarcelación del vicepresident y siete consellers del Govern, en coherencia con la actitud tomada con la Mesa del Parlament en el Alto Tribunal. La defensa de Josep Rull y Jordi Turull ya ha presentado un recurso contra su encarcelamiento.

Sin embargo, todo apunta a que la Fiscalía se opondrá a esta asunción general por parte del Supremo. Consta que esta es la línea que había fijado –aunque todavía no explicitado en público– el fiscal general fallecido.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, afirmó ayer que no es previsible ningún «cambio sustancial» en la posición de Fiscalía. Lo justificó en que, si bien José Manuel Maza era la «cabeza visible», se trataba de «decisiones consensuadas» y «por la información de que yo dispongo, los fiscales de sala que intervenían en este asunto coincidían entre sí en la posición a mantener».

El asalto al Govern, «éxito»

De la posición de la Judicatura española es fiel ejemplo también el alegato hecho ayer por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Jesús María Barrientos.

Al recoger un premio en Alicante, Barrientos calificó de «éxito» el asalto a la autonomía catalana, rechazado muy mayoritariamente por su ciudadanía según las encuestas, y dio un paso más allá para desear que tenga «un efecto inoculador frente a intentos unilaterales de ruptura de la convivencia como el vivido en Cataluña».

Barrientos, nombrado directamente por el Consejo General del Poder Judicial español, estimó que esa aplicación del 155 ha deparado «un reforzamiento del Poder Judicial y del Estado mismo». Tras indicar que hablaba exclusivamente a título personal, acusó al Govern de Carles Puigdemont de haber «desbordado todos los límites constitucionales y estatutarios» al no hacer caso a los mandatos del Tribunal Constitucional ni de otras instancias españolas.

Se mostró escandalizado por iniciativas como la Ley de Transitoriedad para implementar el proceso posterior a la proclamación de la República. «Llegó a articularse normativamente la desaparición del Poder Judicial en Cataluña, para mutar en otro poder judicial de incierta dependencia y configuración», censuró Barrientos, para concluir que aquello «era el mundo al revés, el Gobierno escrutando la labor de los jueces».

No obstante, el responsable del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya consideró que la brecha abierta solo se resolverá probablemente «mediante un diálogo o negociación política que desemboque en una reforma constitucional, de mayor o menor calado».

Perseguirán mensajes a Maza

En todo este contexto, el Ejecutivo español anuncia además que perseguirá algunos mensajes aparecidos en redes sociales sobre la muerte de Maza. Se señala especialmente a un tuit difundido por la organización juvenil independentista Arran en el que se leía «Fins mai» («Hasta nunca») junto a la foto del fiscal general español invertida, fórmula muy usada históricamente en Catalunya como expresión de repudio político.

El ministro de Justicia español, Rafael Catalá, aseguró que se revisarán estos mensajes sobre el fallecido fiscal general para ver si se promueven querellas con la justificación penal de «delito de odio».

Por su parte, Podem ha iniciado los trámites para expulsar a un miembro del partido llamado Cristián Fernández por haber exhibido en Twitter una imagen de un brindis con cava tras el fallecimiento de Maza y haber escrito la leyenda «RIP».

Como máximo acusador del Estado, José Manuel Maza lanzó la vía penal que llevó al encarcelamiento de medio Govern con la querella presentada el 30 de octubre, en la que marcaba delitos como el de rebelión, que pueden conllevar condenas de hasta 30 años de cárcel.

La CUP aporta más datos sobre la amenaza de violencia y ERC registra otra lista por si acaso

Las formaciones unionistas ya hacen precampaña al uso, pidiendo el voto para su partido y criticando al resto: el PP, por ejemplo, incide en que el PSC no es de fiar. Las independentistas, por contra, tienen la mirada muy fijada en todo lo ocurrido en octubre y en la excepcionalidad absoluta del momento. En este escenario, ayer hubo dos cuestiones reseñables: las afirmaciones de Mireia Boya, diputada de la CUP, sobre la amenaza estatal de violencia extrema, y la constatación de que ERC ha presentado una lista blanca por si la suya fuera prohibida o torpedeada de algún modo.

En una tertulia en Catalunya Radio, Boya no solo corroboró lo que expuso el viernes Marta Rovira (ERC), sino que «se nos dijo que podía ser violencia de falsa bandera, ligada al movimiento independentista y especialmente a la izquierda independentista», con la intención final de poder culpar así a la CUP de «algún atentado con muertos en la calle».

La actual diputada recordó además que está en manos del Estado español desmentir esta perspectiva: «¿Abandonan las cargas policiales y las amenazas? No tenemos que contestarlo nosotros, sino el bloque constitucionalista: PP, PSC y C’s».

Por su parte, ERC no oculta que desde sus aledaños se ha inscrito una segunda marca electoral por si se produjera algún ataque que le impidiera comparecer con sus siglas. Personas vinculadas al partido han promovido y registrado para el 21D la candidatura Diàleg Repúblicà.

Otro detalle de la excepcionalidad son las protestas continuadas por los diez presos políticos. Los bomberos hicieron ayer un lazo gigante, símbolo antirrepresivo en Catalunya.GARA