En una breve orden judicial, el Tribunal Supremo ha aprobado una petición del Gobierno estadounidense para que se eliminaran las restricciones impuestas por cortes inferiores a la última versión del veto migratorio adoptado el 24 de setiembre.

En el momento de su entrada en vigor, el 18 de octubre, dos jueces –primero uno de Hawái y luego otro de Maryland– bloquearon la implementación de ese veto al considerar que podría dirigirse contra una minoría religiosa y, por tanto, violar la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de culto.

No obstante, esos jueces permitieron la entrada en vigor de ese veto para Corea del Norte y Venezuela, países donde viven muy pocos musulmanes y donde, por tanto, no ha podido probarse que Trump intentaba discriminar a los miembros de esa religión, el argumento usado para las otras seis naciones.

Las restricciones relativas a Venezuela no se aplican a toda la población, sino a algunos funcionarios y su «familia inmediata».

El Supremo no dio a conocer las razones para tomar su decisión, pero ha dicho que espera que los tribunales inferiores revisen lo antes posible los asuntos que tienen pendientes para que pueda haber una decisión definitiva a nivel federal.

Las juezas Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor, considerados progresistas, se han mostrado en desacuerdo parcialmente con la decisión del tribunal.

Justo esta semana, tienen previsto celebrar audiencias para estudiar la legalidad del veto migratorio el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito, con sede en Richmond (Virginia), y el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco (California).

Desde que llegó al poder el pasado 20 de enero, Trump ha intentado hasta en tres ocasiones implementar un veto migratorio, cuya primera versión fue proclamada el 27 de ese mes.

Después de un gran caos en los aeropuertos y numerosos reveses judiciales, Trump adoptó su segunda iniciativa contra refugiados y países de mayoría musulmana, que entró en vigor en marzo y que fue sustituida por ese tercer veto, proclamado en setiembre y que tras el fallo del Supremo comenzará a aplicarse por completo.