La defensa de ambos solicitó su libertad condicional nada más hacerse pública la fecha del juicio, que comenzará a mediados de abril. Su letrada resaltó que el juicio no resulta inminente –uno de los argumentos que se suele emplear para el mantenimiento en la cárcel–, que llevan más de doce meses en prisión provisional y que no hay riesgo de fuga ni de reiteración, dado su arraigo familiar y social.

No obstante, los tres magistrados –Concepción Espejel, Manuela Fernández y Fermín Javier Echarri– sostienen que «la naturaleza del delito y gravedad de la pena» que se solicita, 50 años de cárcel para cada uno, «permiten afirmar la concurrencia del riesgo de fuga».

Se da la circunstancia de que cuatro de los encausados, para los que se reclama la misma condena, están en libertad. Los jueces defienden que «no existe agravio comparativo alguno» porque la «actuación» de Unamuno y Ramírez de Alda «es más relevante e incidiariamente implica una mayor peligrosidad».

Ospa Eguna como agravante

Para justificar esto la Audiencia Nacional utiliza el argumento de que Covite, que ejerce de acusación particular, les acusa de ser «promotores de las movilizaciones del movimiento Ospa Eguna», que enmarcan dentro de un posible «delito de asociacón ilícita». Cabe recordar que Ospa Eguna es una jornada que se ha venido celebrando en Altsasu durante los últimos años para reclamar, en medio de un carácter público y festivo, la marcha de la Guardia Civil y la desmilitarización de Sakana.

Amaia Izko, letrada de Jokin Unamuno y Adur Ramírez de Alda, ha denunciado el «trato grotesco que se está dando a este caso» y ha remarcado que «no hay ninguna justificación» para su mantenimiento en prisión, ya que no existe riesgo de fuga ni de reiteración. Ha recordado que, cuando llegue el juicio, estos jovenes sumarán año y medio en prisión provisional. «Es todo un disparate», ha resumido.

En similar situación se encuentra el tercer joven altsasuarra que sigue en prisión, Oihan Arnanz, para quien se piden 62,5 años y cuyo caso lleva otro abogado.