El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha pedido a la Guardia Civil que elabore un informe que recoja el posicionamiento de todas las personas que considera que integraban el «comité estratégico» del procés independentista, entre las que situaría a Marta Rovira (ERC), Anna Gabriel (CUP), Carles Viver Pi-Sunyer o Neus Lloveras (AMI).

Así lo acuerda el magistrado en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, que se sustenta en el supuesto documento –titulado ‘EnfoCats. Reenfocat el procés d'independencia per a un resultat exitós’– que la Guardia Civil asegura haber incautado el 20 de setiembre durante el registro del domicilio particular de Josép María Jové, secretario general de la vicepresidencia de Economía y Hacienda del Govern. El instituto armado defiende que en el citado documento se establecen dos comités, uno estratégico y otro ejecutivo.

Según la Guardia Civil, el citado comité estratégico definiría los grandes objetivos y una misión esencial: la independencia. Del mismo formarían parte el presidente y vicepresidente de la Generalitat, los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios independentistas y los presidentes y vicepresidentes de entidades soberanistas: ANC, Ominun Cultural y Asociación de Municipios Independentistas (AMI).

La intención del juez es saber si hubo un concierto para la independencia entre los representantes de CDC, ERC y las entidades soberanistas ANC y Òmnium Cultural y en qué actos concretos se plasmó ese supuesto plan. Quiere saber además si alguna de esas asociaciones ha sufragado dichos actos.

Además, quiere conocer el papel en todo ello de las personas ya imputadas en la causa u otras.

Llarena exige investigar qué fondos públicos se pudieron emplear en iniciativas anuladas o prohibidas por el Tribunal Constitucional, como podrían ser campañas de diseño y promoción de vídeos promocionales del referéndum, carteles, papeletas, urnas, registro de catalanes en el extranjero y otras semejantes.

Pide también un informe «individualizado» y «secuencial» sobre posibles actos violentos cometidos en el contexto del procés, y además quiere saber qué hizo el conseller de Interior, Joaquim Forn, en tanto que responsable de las fuerzas policiales catalanas, en relación con todo ello.

Fuentes del alto tribunal citadas por Efe apuntan a que las nuevas diligencias no se dirigen personal o concretamente contra ninguna persona, sino, en principio, se limitan simplemente a pedir «datos objetivos» a la Guardia Civil.