Mientras la campaña electoral sigue a medio gas, condicionada por el 155 y sus consecuencias, la actividad en el Tribunal Supremo sigue a toda velocidad, si es que una expresión así se puede utilizar al hablar de la actividad judicial. El juez Pablo Llarena asumió hace unas semanas la causa contra el Govern, la Mesa del Parlament y las entidades soberanistas, y en poco tiempo va camino de convertirla en una causa general contra el independentismo. Tras dejar en prisión a Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, ayer dictó una providencia en la que encarga a la Guardia Civil, en calidad de policía judicial, toda una serie de informes con los que ampliará el espectro de personas investigadas.

La obsesión de Llarena es el llamado “Comité Estratégico” que se describe en EnfoCATs, un documento a medio camino entre hoja de ruta y argumentario del procés que fue incautado durante la operación policial del 20 de setiembre en el Departamento de Economía. Un vistazo rápido al documento sirve para constatar que apenas contiene ninguna revelación de importancia, pero Llarena lo parece haber adoptado como la piedra filosofal de la cual emana toda la logística del proceso.

En concreto, formarían parte de ese Comité Estratégico del Procés, entre otros, los miembros del Govern, los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios independentistas, los líderes de las entidades y partidos soberanistas y «representantes independientes de prestigio social». Desde ayer, la Guardia Civil tiene el encargo de hacer un informe pormenorizado de cada una de estas personas susceptibles de ser imputadas en el caso.

Ni en la providencia ni en EnfoCATs se detallan nombres concretos, pero la mayoría de medios no tardaron en aventurar algunos. En las páginas de “El Periódico”, por ejemplo, el periodista José Antonio Zarzalejos, habitualmente bien informado, daba por hecha la imputación de figuras como la secretaria general de ERC, Marta Rovira, o del editor Oriol Soler, al que “El País” ya puso en el punto de mira al publicar las fotos de su visita a Julian Assange. Otros medios hablaron también de las diputadas de la CUP Anna Gabriel y Mireia Boya.

Llarena también pidió informes sobre la organización de los Comités de Defensa del Referéndum, así como acerca de las supuestas agresiones recibidas por la Guardia Civil los últimos meses en Catalunya.

Recurso de Junqueras

A Llarena se le acumula el trabajo. Además de los informes que le llegarán, encima de la mesa tiene un nuevo recurso de Oriol Junqueras en el que el cabeza de lista de ERC pide su excarcelación para poder hacer campaña. Para ello recuerda que, por la vía de los hechos, ya ha acatado el 155 y que su formación defiende en todo momento el diálogo como mecanismo para resolver los conflictos políticos.

Sin embargo, la número dos del partido, Marta Rovira, asumió ayer que será «muy difícil» ver a Junqueras en la calle antes del 21D, una cita electoral viciada desde inicio y cuyo recuento ayer supimos que ha sido adjudicado a dedo a Indra.