Julen Arzuaga, parlamentario de EH Bildu, ha analizado, en una rueda de prensa, el informe elaborado por la UPV/EHU, por encargo de Lakua, sobre las presuntas torturas policiales practicadas entre 1960 y 2014. El parlamentario ha expresado su «reconocimiento» a la labor realizada por los autores del estudio, que recopila 4.113 denuncias de torturas registradas en este periodo, por las que apenas se han dictado 21 condenas.

Arzuaga ha destacado la importancia de que se hayan verificado estos más de 4.000 casos de torturas policiales, y ha subrayado que «hay que rescatar del olvido» a las víctimas de estas vulneraciones de derechos humanos.

El representante de EH Bidu considera que la cantidad de casos recogidos en el informe evidencia que «hay que establecer mecanismos eficaces y ambiciosos de reconocimiento y reparación». «Sería un fracaso identificarlas y no restaurarlas en su dignidad e integridad física y moral», ha manifestado.

Además, ha denunciado que el estudio demuestra «la dimensión de la impunidad» de los responsables de estas prácticas. «Hay tortura, pero no hay torturadores. Existen unos pocos condenados, que inmediatamente fueron indultados, premiados y ascendidos», ha censurado.

Arzuaga ha criticado que la tortura se aplicó «para causar dolor y terror» a una parte importante de la sociedad vasca, aunque también «para arrancar» declaraciones autoinculpatorias o que inculpaban a terceros en procesos judiciales por terrorismo. «La tortura ha sido el método homologado por la Audiencia Nacional, la base de actuación de la Justicia para imponer condenadas astronómicas», ha añadido.

También ha apuntado a las responsabilidades políticas por estas prácticas. De hecho, ha asegurado que la aplicación de la tortura fue «fruto de una decisión política que implica a los gestores políticos de los policías que la han practicado».

En este punto, ha denunciado la actitud «vergonzosa y lamentable» del PSE, un partido que, pese a compartir el Gobierno de Gasteiz con el PNV, se ha desmarcado el informe por considerar que «alimenta la teoría del conflicto».

Arzuaga, en referencia a las responsabilidades de gobierno del PSOE en el Estado español durante buena parte del periodo al que se refiere el estudio, ha subrayado que las vulneraciones de derechos que se recogen en el trabajo «señalan directamente» al PSOE «en su responsabilidad».