Los cuatro administradores de Afypaida, empresa matriz del fallido proyecto de coche eléctrico Hiriko, han sido declarados culpables de la quiebra de la compañía, que recibió 15,7 millones de ayudas públicas.

En la sentencia, que se ha dado a conocer hoy, la jueza inhabilita al exconcejal del PNV Iñigo Antía, y los empresarios Jesús Echave, Fernando Achaerandio y José Luis Bengochea. responsables de la Asociación para el Fomento y Promoción de Actividades Industriales y Deportivas de Automoción (Afypaida), para la administración de bienes ajenos y para representar a cualquier persona durante dos años. Les atribuye una «imprudencia grave que agravó la insolvencia» de la asociación.

Además, se les condena a indemnizar con 535.000 euros –el coste del coche– a la masa del concurso de acreedores y pierden «cualquier derecho que pudieran tener como acreedores concursales».

No obstante, en el fallo, la magistrada estima parcialmente la demanda del Ministerio Fiscal al desestimar la acusación contra más de una decena de sociedades que también participaron en el proyecto.

De esta manera, considera que otras catorce sociedades vinculadas con Hiriko no tuvieron responsabilidad en la quiebra del mismo, aunque concluye que Circuito del Norte S.L. fue «cómplice» y por ello deberá contribuir al pago de la citada indemnización.

La jueza considera que la quiebra fue culpable por la compra a esta última empresa por 535.000 euros de un coche de carreras para utilizarlo como banco de pruebas a finales de 2012, en un «momento extraordinariamente delicado en cuanto a la financiación del proyecto» y «prácticamente» a la vez que «se comunica a los trabajadores que la continuidad» del mismo «pasa por la búsqueda de inversión privada ante el inminente agotamiento de los fondos».

«Decisión gravemente imprudente»

«Se trata de una decisión gravemente imprudente que merma directamente en más de medio millón los fondos de la asociación», señala el fallo, en el que se constata que el coche «jamás llegó a ser utilizado como banco de pruebas» y que además se tenía en «posesión gratuita» desde 2011.

Entiende que la jueza que «no fue solo una decisión equivocada», sino que además fue «contraria a la diligencia» y dado que la insolvencia de Afypaida se produjo cinco meses después de esa compra supone «una agravación de la situación».

Fue una operación «totalmente injustificada» que la jueza cree que «obedeció al interés de los socios de salvaguardar su propio patrimonio» dado que «provocó un flujo de transferencias» entre Circuito del Norte S.L. y Afypaida, que «permitió cancelar» diversos préstamos de los que los condenados o sus empresas «eran fiadores».

La sentencia también reprocha el retraso en presentar el concurso de acreedores, algo que no ocurrió hasta febrero de 2015 a pesar de que la actividad de la empresa «quedó paralizada» en el primer trimestre de 2013 «por la ausencia de recursos» y a pesar de que en abril de ese mismo año ya estaba «en situación de insolvencia real, efectiva, con deudas vencidas y exigibles que no podía atender».

La magistrada critica esa demora de año y medio en pedir la declaración del concurso pero reconoce que ello no agravó la insolvencia de la firma ni perjudicó más a sus deudores.

Niega por otra parte «que haya existido algún tipo de engaño, simulación u ocultación de datos» para obtener subvenciones públicas y considera que las instituciones que las concedieron –el Ministerio principalmente– eran conscientes de que Hiriko era «un proyecto de extraordinaria complejidad y un reto de suma altura» y que «en ningún caso era un diseño ya terminado», sino algo «totalmente innovador».

Compara las subvenciones recibidas por Afypaida con las ayudas a la investigación de enfermedades porque, aunque no se logre una cura, no se puede concluir que se hayan incumplido las condiciones de la subvención.

Rechaza por ello la petición de la Fiscalía de que los procesados devolvieran los 15,7 millones de las ayudas públicas recibidas para el proyecto.

El juicio mercantil del 'caso Hiriko' se inició el pasado 4 de setiembre para investigar las posibles responsabilidades de los cuatro responsables de Afypaida por la pérdida de casi 19 millones de euros de ayudas públicas invertidos en un fallido proyecto de coche eléctrico, la mayor parte de ellas concedidas por el Estado español durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

La Abogacía del Estado reclamaba la devolución de los casi 19 millones de euros concedidos en ayudas, mientras que la Fiscalía cifraba el «daño al interés general» en 15,7 millones de euros, y solicitaba la devolución de esta suma, así como una inhabilitación de diez años para administrar bienes ajenos por parte de los acusados.