El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha firmado esta mañana la decisión de solicitar un informe al Consejo de Estado con el fin de impugnar la decisión de Torrent de proponer como candidato a Puigdemont, ha explicado la vicepresidenta en rueda de prensa.

Torrent se reunió ayer en Bruselas con Puigdemont, a quien el pasado lunes propuso como candidato a ser investido presidente de la Generalitat.

La interposición de este recurso conllevaría la suspensión de esa decisión, en invocación del artículo 161.2 de la Constitución.

«El señor Torrent no puede proponer como candidato al señor Puigdemont. Puede proponer a otro», ha aclarado la vicepresidenta, que ha subrayado que el estatus jurídico actual de Puigdemont es «incompatible» con su comparecencia personal en el Parlament, con una orden de detención que debe hacerse efectiva tan pronto como entre en el Estado español.

Un argumento jurídico que se pone de manifiesto «fácticamente» en la circunstancia «insólita» de que Torrent tuvo que citarse con Puigdemont «ni más ni menos que en Bruselas y no en el lugar donde se han efectuado ese tipo de reuniones y se ha convocado al resto de diputados o portavoces de grupos», la sede del Parlament.

«No planteamos este recurso por una posibilidad de futuro, sino por una circunstancia de presente, y es que Puigdemont tiene una orden de detención en España y la primera actuación que tiene que hacer si entra en territorio español es ponerse a disposición de la Justicia», ha insistido la vicepresidenta española.

«Carece del derecho de libertad deambulatoria»

«Carece por tanto del derecho de libertad deambulatoria que le permitiría acudir a esa comparecencia porque tan pronto como entre en territorio español debe ser puesto a disposición judicial», ha añadido.

Si el informe del Consejo de Estado es positivo el Gobierno podría «interponer inmediatamente ese escrito de impugnación», en concreto en la reunión que este viernes mantendrá el Consejo de Ministros.

Además, el Ejecutivo del PP ha decidido también realizar una consulta potestativa al Consejo de Estado para que informe sobre una serie de extremos. En concreto, dictaminar si un candidato que no está presente en la Cámara puede ser investido sin su presencia, si el hecho de que eso lo admitiera la Mesa del Parlament podría impugnarse por este mismo procedimiento ante el TC, y pronunciarse sobre la hipotética aceptación del voto delegado de los diputados que se encuentran fuera del Estado.

Una vez que tenga la opinión del Consejo de Estado sobre estos extremos, si se convirtieran en realidad el Gobierno podría ya recurrir posteriormente de nuevo al TC.

Con todas estas decisiones, Sáenz de Santamaría ha dicho que se pretende garantizar que la ley se cumple y ha confiado en que Torrent lo haga. «Espero que sus comienzos sean acatar las decisiones de los tribunales, en este caso el TC, sea la que sea. Convendría darle ese espacio para que se muestre o no respetuoso con la legalidad».