Con los votos a favor de PNV, PSE, PP y Goazen Bilbao, el Pleno del Ayuntamiento aprobó la modificación del Plan General al objeto de que la regulación de los pisos turísticos se adecúe a la Ley Vasca de Turismo. La normativa referida a estos alojamientos –según el delegado de Planificación Urbana, Asier Abaunza– es «suficiente», añadiendo que es «mucho más exigente que las que pueda haber en cualquier otro tipo de municipio». El edil jeltzale defendió que no han querido ser más restrictivos para evitar que los tribunales la rechacen.

A EH Bildu, que se abstuvo al igual que Udalberri, le preocupa que la proliferación de pisos turísticos pueda generar problemas a los vecinos. A este respecto, advirtió de que el precio medio de alquiler en Casco Viejo, Atxuri, San Francisco y Bilbao la Vieja «se ha disparado». Para su portavoz, Aitziber Ibaibarriaga, la cuestión fundamental ahora reside en cómo el Consistorio articula mecanismos para detectar alojamientos ilegales. «En este aspecto –denunció– no parece que el equipo de gobierno tenga intención de hacer nada», alertando de que la oferta ha crecido un 35% en el Botxo en un solo año.

Ibaibarriaga señaló que «hay 1.117 camas ilegales no inscritas en el registro del Gobierno Vasco» a cuyos propietarios «nadie» les ha comunicado que no cumplen con la normativa municipal. Abaunza respondió que Lakua dispone ya de un censo y ha iniciado la remisión de cartas a todos aquellos que no están cumpliendo lo estipulado.

Carmen Muñoz, de Udalberri, consideró que la normativa es «insuficiente» y evita realizar una planificación turística con los vecinos afectados. El riesgo de la gentrificación fue citado por varios de los intervinientes mientras desde el PP se defendió que se trata de «una regulación básica» en la que se podrá profundizar una vez se redacte y refrende el nuevo Plan General de Ordenación Urbana.