Lobby es una palabra inglesa que significa, a su vez, vestíbulo y grupo de presión. Claramente alude a que, en muchas ocasiones, las grandes decisiones políticas no se toman en los hemiciclos delante de un micro, sino en encuentros furtivos en vestíbulos, pasillos, clubes de golf y restaurantes. Esos hombres y grupos organizados que buscan incidir en las sombras de la política para favorecer sus propios intereses son los lobbies.

La legislación anglosajona ha articulado normas para poner coto al poder de estos agentes políticos. El catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y directivo de Transparencia Internacional Manuel Villoria explicó las experiencias que existen en materia de control de los lobbies. Villoria aclaró que la actividad de estos grupos de presión, si se hace con luz y taquígrafos, enriquece la democracia, pues la acción de un lobby no es otra que la de «comunicación directa o indirecta para influenciar en una toma de decisión política por parte de un grupo organizado». De este modo, un lobby no es únicamente un grupo que persigue un interés económico oscuro, sino que los sindicatos, las ONG, las confesiones religiosas o la patronal son también lobbies.

«Todos podemos influir en la toma de decisiones políticas, no solo unos pocos. Pero para eso hay que equilibrar las normas del juego», explicó Villoria. La propuesta que se trabaja en el Parlamento navarro copiará de países anglosajones el registro de todos los grupos de presión que existen. La idea es que estos grupos tengan que hacer público qué reuniones mantienen con representantes políticos. Y viceversa, los políticos también tendrán que publicar sus agendas para que todo el mundo sepa con quién se reúnen.

Hoy por hoy, solo Catalunya ha emprendido ese camino, según expuso el catedrático. Sin embargo, Villoria apuntó que los catalanes han incurrido en algunos errores, como el de no acotar bien qué es un grupo de presión. Concretamente, la definición ha sido demasiado vaga y da cabida a demasiadas organizaciones. En este sentido, Villoria entiende que la propuesta navarra va mejor encaminada, al matizar que el registro de lobbies debe centrarse en aquellas organizaciones que se dedican profesionalmente a influir en las decisiones políticas.

Sobornos en diferido

«Todos sabemos que la influencia opaca sobre las decisiones de los políticos, igual que las meigas, es algo que nadie ve pero que existe», señaló el experto. En su versión más extrema, la presión de estos grupos constituye un delito como puede ser el tráfico de influencias. Además, Villoria también alertó de la peligrosidad de las llamadas «puertas giratorias», práctica que describió también como un «soborno en diferido».

Además del registro obligatorio de lobbies, el catedrático abogó por un mayor grado de transparencia en la elaboración de las leyes. La idea es que se haga pública la «huella legislativa». Es decir, que la ciudadanía pueda ver cómo era la ley en su origen y cómo el texto va cambiando «en función de las reuniones que han ido manteniendo los políticos con grupos interesados». Si existe un registro de lobbies, una agenda política pública y una adecuada Ley de Transparencia, este objetivo es perfectamente viable, a ojos del experto.

Para frenar un poder excesivo de los lobbies, también es necesario limitar los gastos electorales. «El modelo estadounidense ha derivado en una plutocracia. Si no se limitan los gastos electorales, los partidos buscarán el dinero venga de donde venga. Y ya sabemos de dónde viene», afirmó el profesor. Para apuntalar esta idea recordó cómo un lobista bancario se jactaba durante la era Clinton que la derogación de la Ley Glass-Steagal (que vetaba determinadas inversiones a los bancos desde 1933) había sido la operación de un grupo de presión más cara y exitosa. Según varios estudios, el lobby bancario invirtió más de 300 millones de euros en financiar campañas de políticos de los dos partidos mayoritarios en EEUU para eliminar la Glass-Steagan, cosa que lograron en 2013.

De nuevo, a la cabeza

Además de Villoria, participó en el seminario Miguel Ángel Blanes, uno de los expertos más reconocidos del Estado en temas de transparencia y que actualmente es el Síndic valenciano. Blanes alabó el anteproyecto de Ley de Transparencia que maneja la consejera María José Beaumont como uno de los más punteros del Estado y no solo por incluir un registro de lobbies.

Blanes recordó que Nafarroa fue pionera en 2012 al implantar una Ley de Transparencia, adelantándose un año al Estado. Esta situación contrasta con la de Suecia, donde existen leyes de este tipo desde 1766. En todos los países del norte de Europa, el nivel de transparencia es mucho mayor que en el Estado. En Noruega, por ejemplo, es público cuánto aporta cada ciudadano al erario público.

De la nueva norma navarra destacó numerosos avances prácticos, como que extienda el ámbito de aplicación, los avances de publicidad activa, la eliminación de una justificación para pedir los datos y la delimitación de causas de inadmisión. Y, sobre todo, describió como un gran paso el que el Consejo de Transparencia pueda multar al funcionario que no facilite la información. Según Blanes, esta capacidad para multar a quien no dé información, de algún modo viene a compensar la presión que ejerce la Agencia de Protección de Datos en sentido contrario.

En último término, Blanes insistió en que para el buen funcionamiento de la democracia es necesaria la presión ciudadana y esta solo puede existir si existe transparencia.