La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) calificó de «desolador» el balance de 2017, con más de 3.000 muertes en el Mediterráneo; de ellas, al menos 223 se produjeron tratando de llegar a las costas españolas. La activista pro derechos humanos Helena Maleno, residente en Tánger y miembro de la ONG Caminando Fronteras, podría ir hoy a prisión por sus llamadas a Salvamento Marítimo avisando de la localización de migrantes varados en alta mar y por ayudar a sus familias a visibilizar el drama diario que se vive en el Mediterráneo. Comparecerá nuevamente ante un juzgado de Instrucción para responder por un dosier enviado por la Policía española a las autoridades marroquíes. Entre los delitos que se le imputan están el de «asociación de malhechores» e «incitación a la inmigración irregular», y la pena máxima a la que se enfrenta es la cadena perpetua. «Si tengo que ir a la cárcel por ello, lo haré», asegura en entrevista telefónica con GARA en vísperas de su comparecencia judicial.

¿Cómo se siente frente a la comparecencia judicial?

Por un lado, miedo porque tengo dos hijos, uno ya mayor de edad y otra de once años; y por otro, tranquila porque no he cometido ningún delito. Hay días que no tengo ganas de comer, otros no puedo dormir. Es una mezcla de sentimientos. He recibido mucho apoyo y se agradece que la gente comprenda que el derecho a la vida está por encima del control migratorio. No entiendo cómo la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía española ha podido llegar hasta este punto. El dosier policial es muy doloroso; es más un dosier político en el que se criminaliza la defensa del derecho a la vida.

Si bien la Fiscalía de la Audiencia Nacional desestimó el dosier policial en su contra dando lugar al archivo de la causa, la UCRIF lo envío a las autoridades marroquíes. ¿Por qué?

No lo sé. Una sigue creyendo en los pilares de la democracia y nunca pensaba que la Policía española pudiese llegar a este nivel. En Europa se están abriendo procedimientos judiciales para criminalizar la solidaridad y para que en las fronteras no haya testigos incómodos. Este dosier policial se basa exclusivamente en las llamadas que he hecho a Salvamento Marítimo. Es lo mismo que le ha ocurrido al sacerdote Mussie Zerai en Italia, a los bomberos de Proem-Aid en Grecia, al olivero francés Cédric Herrou… En las fronteras europeas se está manejando una gran cantidad de dinero en cuanto al control migratorio. Estas empresas de armamento, con fuertes intereses económicos, funcionan como auténticos lobbies políticos. Por otro lado, estamos quienes tratamos de visibilizar la lucha de las comunidades de migrantes que están poniendo nombre y apellidos a los muertos y desaparecidos. Han querido buscar un caso ejemplarizante para infundir miedo a todos los compañeros y a las familias de los migrantes. Esta persecución de la solidaridad se da en toda Europa, donde han bajado los estándares en cuanto a derechos humanos.

El 6 de febrero se cumplirán cuatro años de la muerte de 15 migrantes en Tarajal. Un juzgado de Ceuta acaba de archivar provisionalmente la causa contra los guardias civiles por el uso de pelotas de goma y gases lacrimógenos. ¿Cómo valora la actuación judicial en este caso?

Las familias van a recurrir este archivo provisional y van a seguir luchando hasta el final. Quieren saber la verdad; quieren que se identifique de una vez a los cuatro cuerpos que aún siguen enterrados en el cementerio de Ceuta sin nombre ni apellido, ya que a día de hoy las autoridades españolas les siguen negando esa dignidad; y quieren ir al Estado español para personarse antes las administraciones públicas y explicar. Tarajal fue un día vergonzoso para las democracias europeas; creo que es uno de los episodios más vergonzosos que han ocurrido en las fronteras. Junto con otras organizaciones hemos pedido al Parlamento Europeo que el 6 de febrero sea declarado Día Europeo de las Víctimas de las Fronteras. Queremos abrir un debate sobre la verdad, justicia, reparación y no repetición; en nuestras fronteras no tenemos un recorrido tan largo en estos temas como en las fronteras latinoamericanas, pero las familias de Tarajal quieren saber la verdad de lo que allí sucedió; quieren ver el lugar donde murieron sus seres queridos y sus tumbas; quieren ser escuchadas y que se les pida perdón; y quieren justicia. No se ha hecho una investigación como se hubiera hecho si las víctimas hubieran sido europeas. Los dos autos de archivo evidencian una total falta de voluntad de investigar. Quienes seguimos la lucha de las familias vamos a continuar porque es fundamental que no haya más Tarajales en Europa. En España es muy difícil hablar de procesos de reparación y de justicia porque el español es un Estado que todavía tiene personas en las cunetas y carece de una cultura de la reparación.

Con al menos 223 personas muertas en 2017 tratando de llegar a las costas españolas, ¿qué piensa cuando se culpa a ONG como la suya, Caminando Fronteras, de generar un «efecto llamada»?

Yo les respondería con el «efecto salida». Son sus empresas de expolio de los recursos naturales las que provocan ese «efecto salida»; son los gobiernos corruptos y neocoloniales que usted está manteniendo los que fomentan el «efecto salida»; es la falta de derechos; y son las redes de trata al servicio del mercado europeo –que demanda esclavos laborales, sexuales y para el tráfico de órganos– las que impulsan ese «efecto salida». Les diría que no me hablen de «efecto llamada» y debatamos en serio sobre lo que son las migraciones globales y los intereses económicos que hay detrás. Las grandes empresas criminales provocan el «efecto salida» y el «efecto control». El negocio es doble. No queremos que haya ni una víctimas más en las fronteras. Los ciudadanos no podemos dejar que el control migratorio esté por encima de la salvaguarda de la vida en el mar.

Usted, hija de jornaleros, creció en El Ejido (Almería), conocido por los incidentes racistas registrados en el año 2000. Los discursos e incluso gobiernos de corte populista y xenófobo están creciendo en Europa. ¿Cómo valora este fenómeno?

Estamos frente a un sistema que institucionaliza el racismo; esto nos acompaña desde nuestra época colonial. Esto se ve claramente en El Ejido, donde, de repente, gente que era pobre se ve explotando a otros que son más pobres sin cuestionarse por qué se producen esas situaciones de explotación y cómo necesitamos esclavos, aunque no queramos verlos. Debemos hablar de cómo funciona el sistema en Ceuta y Melilla cuando, por ejemplo, separan a las madres negras de sus hijos. En nuestra sociedad hay mucho racismo; si no cuidamos ese crecimiento que se está produciendo en otros lugares de Europa, nos vamos a encontrar con que, efectivamente, la gente normalice que se puede disparar material antidisturbio contra personas que se están ahogando y que no se avise a los servicios de rescate. En el primer archivo de la causa de Tarajal, la juez alegó que, como se pusieron en peligro, no había que avisar a los equipos de salvamento.

Varias ONG, entre ellas CEAR, han denunciado la criminalización de la solidaridad.

Estamos en un momento clave. Debemos estar todos a una por el impacto que esto pueda tener. Yo al final soy una privilegiada. Es verdad que puedo ir a una cárcel marroquí, pero tengo un equipo de abogados, los medios de comunicación me estáis llamando, se me escucha, me conceden premios... Quienes están perdiendo y están muriendo son los compañeros migrantes. Este proceso puede hacer que el número de víctimas aumente, que un familiar tenga miedo de llamar a Salvamento Marítimo porque su número de teléfono puede acabar en manos de la Policía y ser detenido... Es una situación muy grave. Muchos me preguntan por qué no me voy de Marruecos. No me puedo ir: es el momento de plantar cara y de defenderse con uñas y dientes. Si tengo que ir a la cárcel por defender el derecho a la vida, lo haré. Hace poco me encontré con dos chicos muy jóvenes de Camerún vendiendo en el mercado de aquí [Tánger]. Me preguntaron sobre el proceso judicial. Uno de ellos me dio las gracias por no irme de Marruecos, aunque como europea podría hacerlo. El derecho a la vida está por encima de los intereses económicos y del control migratorio.