En la proposición que van a presentar los tres grupos de la oposición en el Ayuntamiento recuerdan que en la sesión plenaria celebrada el pasado mes de enero, «toda la Corporación reivindicó su apuesta por el sistema OTA como instrumento necesario para alcanzar una movilidad sostenible en la ciudad». Sin embargo, en la actualidad, el servicio permanece «prácticamente inoperativo» debido a que la mayoría de la plantilla está en huelga por el despido de siete trabajadores y por la falta de la firma del convenio desde hace siete años.

EH Bildu, Udalberri y Goazen critican la negativa de Alfonso Gil a interceder en el conflicto, motivo por el cual han reclamado la intervención directa del alcalde, así como que la empresa Eysa-Cycasa, concesionaria del servicio, se avenga a negociar con el comité de empresa en la Delegación de Trabajo del Gobierno de Lakua o en cualquier otro foro que se habilite a tal efecto.

El edil de EH Bildu, Bruno Zubizarreta, ha manifestado que «el alcalde, como máxima autoridad municipal, está pasando de puntillas en el conflicto de un servicio vital para la movilidad de la ciudad. Una actitud irresponsable que no se puede alargar más porque el conflicto tiene el riesgo de perpetuarse, y su obligación es velar para que la OTA ofrezca su servicio de forma eficaz y se respete los derechos de las y los trabajadores. Por todo ello, los tres grupos municipales exigimos al alcalde que intervenga y adopte las medidas necesarias para solucionar el conflicto».

La concejala de Udalberri, Amaia Arenal, ha recordado que «las y los trabajadores llevan más de un mes en huelga reivindicando la negociación del convenio colectivo que tanto la anterior como la actual empresa concesionaria se niegan a negociar, así como exigiendo la readmisión de los siete compañeros despedidos. La respuesta del gobierno ante el conflicto, ha sido criminalizar a las y los trabajadores y no responsabilizarse del mal funcionamiento de un servicio público como la OTA».

El portavoz de Goazen, Francisco Samir Lahdou, ha considerado que el Consistorio, como responsable último de la OTA, no puede permitir que el problema laboral se prolongue en el tiempo y se mantenga paralizado el servicio, ni tampoco puede consentir que la empresa «chantajee a la plantilla con despedir a más gente si no vuelve al trabajo, porque esas actitudes coercitivas van en contra del legítimo derecho a la huelga».