El lunes se daba por seguro que la semana en curso aclararía el procedimiento de investidura en Catalunya, y especialmente quién (o quiénes) y cómo va a ser president, pero la maraña sigue sin desembrollarse. Y menos aún después de que los letrados del Parlament estén de acuerdo en que los plazos no han comenzado a correr dado el aplazamiento del Pleno del 30 de enero, lo que aporta tiempo indefinido para negociar.

Los rumores y filtraciones de las últimas horas apuntan a un relajamiento de las posiciones de todos. Si primero fue ERC la que abrió la puerta a una investidura de Carles Puigdemont en Bruselas (vuelve a afirmarse que podría hacerla la Asamblea de Electos, aunque el lunes noche Junts per Catalunya lo negaba), ahora se señala que Puigdemont estaría dispuesto a que esa designación tuviera un carácter más simbólico que real, y en paralelo la CUP apunta a que quizás aceptaría otro titular de la Generalitat en Barcelona.

Este último es el movimiento más significativo de ayer, porque la portavoz del Secretariado Nacional de la CUP, Núria Gibert, señaló en una entrevista matinal a La Xarxa que «esto no va de personas, va de millones de personas que quieren unas nuevas instituciones, y eso pasa por tener alternativas».

Apenas 48 horas antes, la CUP había dado a entender que no participaría en un Pleno del Parlament para designar a otra persona, considerando que eso supondría actuar bajo la imposición española. «No queremos subyugarnos a los mandatos del TC, pero el mundo no se acaba con una sola persona», dijo ayer la portavoz cupera. No obstante, por la tarde hubo una matización importante de la propia Gibert vía Twitter: «Lo que he dicho es que no va de personas solas, sino de miles. Nuestra apuesta es no permitir que nos ordenen desde el TC (...). Esperamos una propuesta conjunta que ayude a salir del callejón».

En el maremágnum de especulaciones cuyo grado de certeza es indiscernible de momento, destacaron dos. Por un lado, las de las fechas: se sopesaría que la investidura de Puigdemont en Bruselas se lleve a cabo el 18 de febrero y la del Parlament unos días más tarde, quizás el 20. Y por otro, la de las personas: la figura de Elsa Artadi que al principio acaparaba el foco se difumina ante las de Jordi Sànchez, que sigue en prisión, y del exconseller de Presidencia Jordi Turull, muy cercano a Puigdemont y figura clave en el 1-O.

Llegados ya al jueves, ni siquiera los letrados del Parlament han conseguido un diagnóstico común. Comparten que el reloj de dos meses no está en marcha, pero discrepan sobre cómo tiene que actuar ahora el president Rogert Torrent.

El PP quiere impedir indultos por «rebelión»

El asunto catalán también ha entrado de lleno en un tema en principio ajeno: la propuesta del PSOE para reformar la Ley de Indulto vigente e impedir esta medida de gracia en casos de violencia de género y de corrupción por parte de funcionarios públicos. El PP ha aprovechado este proceso para presentar una enmienda que prohíba indultar a condenados por «rebelión», «sedición» o también «terrorismo». «Es lo que la sociedad española está demandando en este momento», aseguró el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Ello pilló con el pie cambiado al PSOE, que había abierto el melón, y más aún cuando en campaña el candidato del PSC, Miquel Iceta, defendió esa vía de los indultos para facilitar una nueva fase de «normalización». Se lo recordó inmediatamente ERC, que emplazó al PSOE a posicionarse con claridad contra esta enmienda del PP.

Por parte del PDeCAT, el diputado Carles Campuzano situó esta maniobra del PP como una «venganza» contra «los que cuestionan la unidad de España».