Misión Eulex o el hartazgo insatisfecho de los tutelados
Dotada de amplios poderes legislativos, ejecutivos y judiciales, la Misión por el Estado de Derecho en Kosovo (EULEX), la más ambiciosa de la historia de la UE, ha tenido un éxito limitado a ojos de una sociedad atrapada por el hastío y la insatisfacción tras 20 años de intervención internacional.
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Imaginen que su país está dirigido por la comunidad internacional, cuyo rol es aceptado como la única salida para hacer viable una región traumatizada por la guerra, y que por muchos errores que cometa, debido a la inmunidad de la que goza, no rinde cuentas ante la sociedad. Imaginen que su objetivo es crear un Estado de derecho con jueces y fiscales de dudosa experiencia internacional, ajenos a las dinámicas locales y que además, antes del veredicto, abandonan los casos por motivos personales o profesionales. Imaginen que, además, los casos de corrupción y tráfico de influencia salpican a esas entidades globales. Furtuna Sheremeti, abogada que cursa un doctorado en la Universidad de Lovaina, no tiene que imaginar. Ella nació en ese país. Se llama Kosovo, el país intervenido, primero bajo el mandato de la UNMIK y luego, tras la independencia de 2008, bajo la supervisión de EULEX.
EULEX aterrizó en Kosovo para luchar contra la corrupción y el crimen organizado, para hacer de interlocutor con Serbia, para crear un sistema legal acorde a los estándares europeos, para formar a los jueces, fiscales y policías kosovares, para juzgar los crímenes de guerra.... De esos objetivos, que no son ni mucho menos todos, Sheremeti cree que ninguno se ha cumplido por completo. «Llegaron con grandes promesas. Necesitábamos su ayuda. Los abogados albaneses habían sido deportados y muchos no regresaron. No era una tarea sencilla combatir el crimen organizado. No era fácil para EULEX. Pero la gente ve lo que sí podría haber hecho, y ha perdido la esperanza».
Dragana Nikolic-Solomon, responsable de Comunicación de EULEX, tiene otra versión: «El primer problema que afrontamos fue manejar las expectativas. Por desgracia, en el pasado hubo promesas sobre los peces gordos. Pensaban que estábamos aquí para encarcelarlos. Pero, ¿cuán grande tiene que ser el pez? Hemos lidiado con antiguos jueces y fiscales, políticos.... La justicia es difícil de vender. Nadie cree que es suficiente. ¿Son 600 veredictos pocos o muchos? No vinimos con algo mágico para eliminar todos los problemas», se defiende.
El caso Simmons
La misión más ambiciosa de la UE, dotada hasta la fecha con más de 750 millones de euros, no sólo no ha cumplido las expectativas, sino que a ojos de la sociedad ha sido absorbida por la dinámica corrupta y clientelar de Kosovo. Pero el problema va más allá, está en su génesis. El caso de Malcolm Howard Simmons, antiguo presidente de los jueces de EULEX que dimitió en 2017 alegando que la misión obstaculiza la judicatura, es un ejemplo más de esa justicia teñida de presiones políticas que en los Balcanes, tras la guerras en la antigua Yugoslavia, ha dejado un sabor agridulce en la sociedad. Como destacó la investigación del medio «whitleblowing», no se entiende que el juez Simmons llegara tan lejos en su carrera: no había juzgado ni un caso en Gran Bretaña y por tanto carecía de los cinco años de experiencia que requiere la ONU para llegar a ser juez internacional. Pese a ello, Simmons dirigió causas vitales en los Balcanes: en 2006 juzgó crímenes de guerra en Bosnia, y en Kosovo, su siguiente destino, presidió la sala del caso Klecka, en el que importantes miembros del Ejército de Liberación de Kosovo (UÇK) fueron declarados inocentes de crímenes de guerra.
A finales de 2017, la meteórica carrera de este juez dio un giro radical. En una entrevista concedida a “Le Monde”, aseguró que «EULEX no es una misión que busque promover el Estado de derecho. Es una misión política». La acusó de corrupción y de interferir en el caso de Klecka. «El entonces presidente de los jueces de EULEX, Charles Smith, me dijo que la misión quería que el señor Limaj fuera sentenciado». EULEX, que negó las acusaciones, respondió que el juez Simmons ha sido investigado por graves alegaciones contra su imparcialidad.
Su caso recuerda al de la fiscal Maria Bamieh, que aseguró que EULEX bloqueó la investigación interna de posibles casos de corrupción dentro de la misión. La crisis fue sonada en Kosovo. Al final, como aseguró el informe de la UE encargado en 2014 al abogado Jean-Paul Jaque, no había evidencias de tal corrupción, pero la credibilidad de EULEX había sido dañada hasta tal punto que sobre sus acciones siempre estará presente la sombra de la corrupción. Quedó así herida de muerte: la sociedad perdió su esperanza en una entidad que cargaba con los estigmas de la UNMIK y que además era acusada de corrupción e injerencia política. «Con el caso Bamieh perdimos la poca esperanza que nos quedaba. No se puede decir que no hayan hecho nada, pero sí que han hecho muy poco y han malgastado el dinero», se lamenta Sheremetim que insiste en que el principal problema es la falta de compromiso y formación de los integrantes de EULEX: «Es importante la experiencia. Algunos no conocen el país y sus dinámicas, vienen de proyectos en países desarrollados y después de varios años se van de aquí», añade.
Compromiso y percepción
Junto a Nikolic-Solomon está sentado el fiscal Danilo Ceccarelli, quien lleva una de las causas más importante del crimen organizado: el caso Azem Syla, antiguo diputado y excomandante del UÇK. Ceccarelli, a diferencia del juez Simmons, tiene 20 años de experiencia en Italia. «Mi currículum es muy doméstico, que no quiere decir que carezca de experiencia internacional. Lo más difícil fue comprender las dinámicas sociales, y en cierto punto entiendes que todos se conocen”.
Pero, ¿no es negativo abandonar los casos antes del veredicto? «Así son las misiones a lo largo del mundo. No hay nada que se pueda hacer si alguien es contratado y luego decide abandonar», reconoce Ceccarelli. «No trabajan en una cárcel, trabajan en EULEX. Después de 620 veredictos en crimen organizado, 460 en corrupción y 38 en crímenes de guerra puedo decir que la misión ha hecho algo aquí« interviene Nikolic-Solomon. El propio Cecarelli reconoce que no excluye la posibilidad de aceptar un traslado si se lo propusieran. «Como profesional siempre hay que estar abierto a oportunidades. Que otro fiscal se encargue del caso no debe crear diferencias porque la preparación es similar. EULEX encontrará a otro fiscal competente si mañana me voy por razones personales o por lo que sea», insiste.
Durante la entrevista en la sede de EULEX, un inmueble funcional con medidas de seguridad propias de países inestables, el fiscal reconoce que el resultado de la misión es mejorable, pero rechaza que sus logros sean tan limitados como dicen los kosovares. Pero la abogada kosovar denuncia la falta de transparencia, los dobles estándares en la UE. «No hay información pública sobre los casos. Es frustrante». Nikolic-Solomon responde: «En marzo de 2015 se entregó la comunicación de los casos a los responsables locales. Hemos traspasado de forma progresiva y responsable las competencias. Un día EULEX no estará, pero al menos habremos aconsejado el 80% de las leyes». Ocurre sin embargo que la sociedad desconoce qué competencias pertenecen a qué entidad. Es normal, Kosovo es un laberinto institucional en el que la élite política, que a menudo coincide con el crimen organizado, se ha acostumbrado a justificar sus errores en la comunidad internacional.
La negativa percepción que envuelve a EULEX, marcada por su posición neutral con respecto al reconocimiento de Kosovo, esencial para atraer a Serbia a la negociación, desluce los buenos resultados cosechados en parcelas como seguridad y administración de fronteras. Además, en 2014 dio inicio una etapa en la que las competencias comenzaron a ser entregadas a las autoridades locales. Por eso el número de representantes de EULEX pasó progresivamente de los 2.500 a los actuales 1.600, que hoy sólo pueden intervenir en casos excepcionales, un adjetivo muy subjetivo. «Los casos excepcionales son casi imposibles. Ya no asumimos nuevos casos y sólo continuamos con los que ya hemos comenzado. El principal objetivo era transferir competencias y establecer una justicia adecuada, y se ha conseguido con el tiempo», explica Ceccarelli. Pese a estas palabras, los informes de la UE alertan del escaso número y la baja cualificación de los jueces y fiscales locales, de los efectos de la corrupción en el sistema legal y de los limitados avances en la región norte de Kosovo, controlada por las estructuras paralelas de Belgrado, que junto al diálogo con Serbia es una de las actuales prioridades de EULEX.
El mandato de EULEX expira en 2018. Ceccarelli recuerda que ellos están ahí porque el Parlamento kosovar así lo aceptó. Lo que no cuenta es que este nuevo periodo de dos años fue aceptado bajo presión de la UE, que juega con la carta de la liberación de visados. Ahora, con los partidos de las grandes coaliciones cada más distantes del pragmatismo que demostraron hacia la comunidad internacional y la sociedad hastiada de tanta injerencia internacional, la continuidad de EULEX depende del tablero político local. Ceccarelli, que pide dejar a un lado los prejuicios y las causas políticas, insiste en que la misión termine lo que empezó: «No estoy seguro de que importantes países europeos tengan un sistema judicial 100% efectivo. Ese no es el objetivo. El objetivo es tener un país que pueda caminar por sí mismo. Que estemos aquí no quiere decir que Kosovo no pueda hacerlo, pero tenemos que acabar lo que empezamos».
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