En 2014, cuando usted firma la Declaración de Baiona, está en un esquema de negociación entre el Estado y ETA. ¿Cree que el Gobierno de Hollande podía entrar en un proceso de este tipo? ¿Y un ejecutivo de derechas lo hubiera hecho?

En octubre de 2014, electos y miembros de la sociedad civil manifestaron su impaciencia. Tres años después de Aiete, nada había pasado. Entonces era alcalde de Baiona. Electos y actores sociales firmamos esa declaración en el marco de una indiferencia general. La prensa francesa ni hablaba de ello. Pero ese momento va a ser importante para definir la estrategia que seguiría. El Gobierno no se movió, pero creo que uno de derechas tampoco lo hubiera hecho. Lo que era real fue la voluntad de Iparralde de avanzar.

16 de diciembre de 2016 (detenciones en Luhuso de personalidades comprometidas con el desarme de ETA): ¿cómo se enteró de la noticia?

Por redes sociales. No me sorprendió. Sabía que algo iba a pasar, no sabía cuándo ni dónde… Había aceptado estar preparado. La legitimidad de la acción [de Luhuso] estaba en juego. Era gente conocida por su militancia, notablemente en el mundo de la agricultura. Tenía una relación de amistad con ellos, había defendido a Michel Berhocoirigoin en el proceso contra Euskal Herriko Laborantza Ganbera.

¿La reacción popular del 17 de diciembre tuvo consecuencias de cara a la última fase del proceso de desarme?

Fue fundamental, capital. La hicimos por eso mismo.

¿Qué ocurrió después?

En Pau, en mi encuentro con el primer ministro Bernard Cazeneuve, las cosas se aceleran. Tuvo una actitud abierta, conocía bien el tema. No hay que olvidar una cosa: el Estado no quería meter la mano en el proceso de desarme. Decía que era ETA la que debía rendirse y entregar las armas. No quería interferencias. Pero ahí la sociedad civil interfirió, esa fue una invención de nuestro pueblo. París quería que a pesar de todo el proceso se desarrollara en unas condiciones satisfactorias para el Estado de Derecho. Mi discusión con el primer ministro se centró en cómo hacerlo –sabíamos que el desarme era un nudo gordiano de la resolución del conflicto y que la disolución de ETA solo podía venir tras la deposición de las armas–, en que ese acto se hiciera sin que fuera directamente ETA la que se presentara para hacerlo.

¿No esperaba nada del Estado?

Implícitamente, es eso. Si estás en un proceso legalista, eso significa que de una manera u otra, por acción u omisión, el Estado deje hacer. Y dejando hacer, hizo que las cosas fueran posibles. No impidió que las cosas se hicieran. El Gobierno mostró inteligencia real sobre la situación.

Y también frente a Madrid.

También. No olvide que en aquel periodo, en un encuentro que tuvimos en Biarritz, declaré que los Artesanos de la Paz en adelante no estarían solos. El 17 de marzo aparece en “Le Monde” la información sobre el 8 de abril. Para entonces, mi esquema era claro: no podíamos dejar que asumieran el riesgo solos, teníamos claro que el desarme se haría con una participación de la sociedad civil, pero también de los electos.

¿Cómo sucedieron los preparativos del 8 de abril?

Hacía falta que hubiera una prolongación de lo que ocurrió en Luhuso. Con el artículo en “Le Monde” interpelamos a los poderes públicos.

¿Quiere decir que no había contacto entre los Artesanos y las autoridades antes de la aparición de este artículo?

Sí, absolutamente. El artículo era una forma de manifestar que eran los electos quienes deseaban estar en este proceso. Pensaba en el Gobierno de Euskadi. Me reuní con su presidente, cerca de Gasteiz, por razones de confidencialidad, y con Uxue Barkos.

Confidencialidad rota por Iñigo Urkullu.

Por ellos mismos, porque querían sacar fotos... sin mi consentimiento porque no deseaba sacar unas fotos de las que no tenía garantías de cómo serían utilizadas. Es un detalle. Urkullu y Barkos mostraron interés sobre el 8 de abril. Yo deseaba que se desarrollara en presencia de todo el mundo. Era un acto extremadamente importante.

¿La presencia el 8 de abril del arzobispo Matteo Zuppi en Baiona supuso una garantía de peso? ¿Significaba que tuvo luz verde del Vaticano?

Sí. Sé que eso ha sido cuestionado, como si hubiera venido a título personal, pero por supuesto que vino como depositario de la Iglesia. Su presencia fue una de las angustias de aquella mañana. Su avión aterrizó una hora antes del acto solemne que se desarrolló en el Ayuntamiento de Baiona. Conocía perfectamente el escenario, sabía a dónde iba.

El modo operativo de la sociedad civil hace que Madrid esté en fuera de juego. ¿Supone eso un problema para el Gobierno francés? Sus representantes, especialmente el señor Cazeneuve, ¿lo expresaron?

En aquel momento, no. Por contra, cuando estábamos en Bellevue, Biarritz, en un momento dado yo le dije –y fue recogido por muchos periodistas–: «Quisiera que Francia demostrara soberanía ante Madrid», que no tuviera que esperar a las órdenes de Madrid.

¿Puede transportarse semejante cantidad de armamento, por tantas personas, sin el aval del Elíseo?

Es evidente que no. Las cosas no se podrían haber hecho sin que al más alto nivel del Estado no se hubieran posibilitado las cosas.

¿El hecho de que Euskal Herri Elkargoa-Communaute Pays Basque aparezca como un actor de resolución ha cambiado algo en la correlación de fuerzas?

Es evidente. Ahora, cuando me dirijo al Ministerio de Justicia por el tema de los presos, el presidente de Euskal Herri Elkargoa-Communaute Pays Basque tiene su significado. A nivel de la región [de Aquitania], ¿cree que Alain Rousset me ve de la misma manera antes y después? Nuestra comunidad tiene competencias extremadamente importantes. Y París lo sabe.

Desde los años 60 hasta 2017, en las diferentes fases del conflicto, Baiona siempre ha estado presente. ¿Representa esta historia un patrimonio inmaterial que usted va a poner en valor?

Voy a ponerlo en valor en forma de una escultura. Quiero que para las próximas generaciones no se esconda que ha habido un conflicto en este país y que del conflicto salió la paz. Quiero un artista que sepa escribir eso. Una especie de monumento de la paz.