La de mañana no es una jornada electoral más. Con su voto, los colombianos tienen la llave del futuro Congreso –Cámara de Representantes y Senado– de cuya composición dependerá, en gran medida, la implementación de los acuerdos de La Habana. Sobre la mesa, quedan discusiones trascendentales para la consolidación de la paz, como la reforma rural integral, la reforma política, las circunscripciones especiales para la paz o el desarrollo de la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), esta última columna vertebral de los acuerdos con las FARC-EP. Supone también el estreno político de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, cuyos candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado han recorrido Colombia de norte a sur. El partido de la rosa roja ha abanderado «una nueva forma de hacer política».

Su campaña ha estado marcada por la enfermedad de su presidente y hasta el jueves candidato presidencial, Rodrigo Londoño Echeverri «Timo», y por los actos de hostigamiento y sabotaje contra su persona y otros candidatos del partido, así como por la falta de garantías.

Al cierre de la campaña electoral, Sandra Ramírez, excombatiente y candidata al Senado, además de integrante del Consejo Político de los comunes, hizo un balance «muy positivo» pese a «todas las dificultades».

«Hemos hecho un diálogo social con la gente; hemos escuchado a los colombianos, hemos recibido sus insumos. Hemos hablado con mujeres, campesinos, indígenas, con la juventud... los jóvenes deben saber cuál es nuestra visión de país. Dificultades las hemos tenido en todos los órdenes; a nivel personal, jurídico, económico... Estamos, por ejemplo, súper endeudados, no tenemos recursos para cancelar las deudas que adquirimos en campaña», subrayó en conversación telefónica con GARA.

A este respecto, el jueves, el Consejo Político de la formación denunció «las insólitas restricciones del Banco Agrario, que ejerce una función ilegal de auditoría preventiva y de coadministración de nuestros recursos. En abierta discriminación, nos fue negada cualquier posibilidad de financiación legal, distinta a la estatal. Hemos tenido que soportar, además, cuentos y cuentas fabulosas e infundadas de la Fiscalía sobre presuntos bienes con claro tinte electoral».

Preguntada sobre cómo han sido recibidos en las regiones y sobre los sabotajes en contra de los actos organizados por la FARC, en particular contra los protagonizados por «Timo», recordó un episodio vivido por ella misma en Cúcuta. «Recibimos por parte de algunos sectores insultos e, incluso, intentos de agresión física. En una ocasión, cortaron el paso con motos a la avanzada de mi equipo de campaña. Eso ocurrió en Cúcuta, pero en los municipios y pequeñas ciudades que visité en campaña, jamás sufrí agresiones», manifestó Ramírez.

Los candidatos y dirigentes de la FARC han tenido que aprender a convivir y a viajar con escoltas y en vehículos blindados.

Junto a sus esquemas de seguridad han recorrido la Colombia rural y urbana, desarrollando también una intensa actividad en las redes sociales. Los equipos de prensa han informado puntualmente de cada acto e intervención, tanto a través de Twitter –cada representante del partido tiene, además, la suya propia– como vía WhatsApp.

La primera campaña electoral de las FARC ha dejado momentos nunca antes vistos en Colombia, como el abrazo entre el candidato al Senado Pablo Catatumbo con un jefe policial en un pequeño recinto de Santa Lucía, a tres horas en coche de Monteloro, en el Valle del Cauca, donde reiteró la promesa de no volver a la guerra.

«Hemos palpado con nuestras manos la desigualdad tan enorme que vive nuestro país, que necesita muchísima inversión. A buena hora paramos el conflicto armado para que tengamos recursos para invertirlos en el desarrollo de nuestro país en todos los ámbitos y esferas», remarcó. Sobre las expectativas de cara a esta importante cita con las urnas, destacó que como partido no van a dar cifras. «Tenemos buenas expectativas», añadió. En virtud a los acuerdos de La Habana –refrendados por el Congreso en noviembre de 2016–, la FARC tiene garantizados cinco escaños en la Cámara de Representantes y otros tantos en el Senado.

«Vamos a trabajar para hacer de Colombia un país transparente, desarrollado y con equidad. Pero, sobre todo, vamos a trabajar por la implementación de los acuerdos, para que se respete el espíritu y la letra de los mismos, y volver a pegar los pedacitos que en la legislatura pasada le han quitado al texto original. Vamos a reconstruirlo, a recoger esos pedazos y pegarlos nuevamente, y a luchar por la implementación», destacó. No será tarea sencilla dada la polarización de la sociedad colombiana y la división política.

En entrevista con la cadena Nueva Colombia Noticias –nacida del tránsito de la guerrilla a la vida civil–, el senador del Polo Democrático Iván Cepeda –actor clave en las negociaciones– afirmó que la composición del «Congreso posacuerdo» reflejará «el nivel de compromiso» de los colombianos con la paz.

«El domingo –por hoy– vamos a tener una nueva realidad. Espero que los defensores del proceso logremos desarrollar legislativamente el acuerdo con el acompañamiento de los movimientos sociales», manifestó. Instó a los candidatos a «pasar de las palabras a los hechos. Es hora de que se vea realmente quién rechaza la violencia y de que lo haga poniendo su firma en un pacto nacional».

Un acuerdo para «superar todo vínculo entre violencia y política»

Si la de mañana es una cita crucial para el devenir de los acuerdos de La Habana, no lo será menos la del 27 de mayo, en la que los colombianos elegirán al sucesor de Juan Manuel Santos, que dejará la Presidencia tras ocho años. Por el momento, el nombre que suena con más fuerza es de Gustavo Petro. El exmiembro de la guerrilla M-19 y exalcalde de Bogotá concurrirá a las presidenciales por la «lista de la decencia».

El jueves, el Consejo Político de la FARC anunció que retira la candidatura formada por Rodrigo Londoño Echeverri «Timo» e Imelda Daza debido a los problemas de salud del primero y a la falta de garantías. No obstante, el partido participará en campaña y hará público a qué candidato da su apoyo –el exjefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle; Piedad Córdoba; Sergio Fajardo, candidato de la Coalición Colombia, o el propio Petro–.

«Son candidatos que apoyan el proceso de paz. Lo ideal sería hacer una convergencia de todos ellos, sumándonos nosotros para lograr en primera vuelta una definición de la Presidencia», manifestó Iván Márquez.

Una propuesta sobre la que incidieron en la rueda de prensa del jueves en Bogotá. «Hacemos llegar a todas las fuerzas políticas y sociales la necesidad de un gran acuerdo político nacional para la superación definitiva de todo vínculo entre violencia y política», remarcó el partido de la rosa roja.

En cuando a la retirada de la contienda presidencial, recordó que «se vieron obligados a una suspensión temporal de la campaña por la ausencia de garantías y, particularmente, por los ataques de que fue objeto nuestro candidato, instigados por sectores del Centro Democrático –al que pertenece el senador y expresidente Álvaro Uribe–, los cuales amenazaron su integridad personal y nos llevaron a pensar que se podría estar fraguando un magnicidio». Denunció que a día de hoy aún 600 excombatientes –«hoy militantes de nuestro partido»– se encuentran en prisión y que desde la firma del Acuerdo para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera han matado más de 50 exguerrilleros o familiares y a más de 250 líderes sociales. Precisamente, el 24 de febrero fue encontrado en el municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca, el cuerpo sin vida de la madre de un exguerrillero y expreso. Al parecer, la mujer fue también víctima de violación. La Defensoría del Pueblo ha catalogado a este municipio como de «alto riesgo» por las violaciones de derechos humanos.GARA