La Alcaldía de Baiona persiste en su propuesta de atajar el sobrecosto que las fiestas generan al presupuesto de la ciudad. Y cree que se impondrá finalmente la idea de que «para que las fiestas sigan existiendo hay que cuadrar las cuentas». De momento, tras días de dimes y diretes, Jean-René Etchegaray ha optado por calmar las aguas, «de cara a facilitar la concertación».

Fue en el marco de la presentación del cartel de fiestas, el pasado 8 de febrero, cuando el concejal de Cultura, Yves Ugalde, expuso la intención de cobrar la entrada a las fiestas. Para endulzar el anuncio Ugalde sugirió que los visitantes contribuirían «sólo con el equivalente al precio de una cerveza» a la abultada factura que debe abonar la ciudad para costear el «despliegue de seguridad».

La idea de compensar el impacto financiero de las fiestas no es nueva. Ya en la edición de 2017 se puso en marcha un sistema para contabilizar la entrada de personas en nueve puntos de acceso a la ciudad. La medición arrojó el cálculo, poco exhaustivo, de «entre 800.000 y un millón de visitantes» en una villa de 50.000 habitantes.

A la hora de hacer balance sobre ese dispositivo, el propio Etchegaray reiteraba que «la reflexión sobre el modelo económico de las fiestas es imperativa», aunque evitaba exponer una propuesta concreta al respecto.

Seguramente, los recortes en la financiación de las instituciones locales han tenido su peso a la hora de tratar de dar salida al debate recurrente sobre si Baiona puede hacer frente sola a los 1,8 millones de euros que engulle una celebración que desborda, para bien y para mal, los límites de la capital labortana. El grueso de ese tremendo presupuesto se dedica a seguridad, una partida en constante aumento desde el atentado de Niza, en 2016.

La fórmula, a debate

El pasado 17 de marzo, comerciantes, asociaciones, peñas y otros actores locales ligados a los festejos recibían una propuesta, todavía un tanto difusa, que el alcalde defendía luego ante los micrófonos de France Bleu-Pays Basque. Se trataría de establecer un perímetro en torno al recinto festivo y hacer pagar a los visitantes que acudieran a Baiona entre viernes y domingo.

La fiesta, por tanto, sería gratuita los dos primeros días, para no perjudicar a los comerciantes, y los residentes en Baiona tendrían un pase que les eximiría de cualquier pago. Descartado también el cobro a los niños, quedaría determinar el tramo de edad en que habría que pagar esa entrada que no superaría, según estimaciones, los 6 euros.

La agrupación de peñas baionarras (GAB) no tardaba en reaccionar a ese anuncio que, pese a ser esperado, resulta difícil de asimilar. La entidad que reúne a 46 de las 50 peñas lo rechaza rotundamente. Sin embargo, junto a su posición contraria, las peñas ponían sobre la mesa una batería de propuestas alternativas, tendentes a cargar sobre las grandes marcas o la hostelería –algunos bares y comercios solamente abren en fiestas– el costo mayor de una factura que, según el alcalde, amenaza la sostenibilidad de las fiestas y condiciona el equilibrio –no solo presupuestario– de la ciudad.

La oposición municipal ha acogido con frialdad el planteamiento del alcalde. La lista Bayonne Ville Ouverte, encabezada por el socialista Henri Etcheto, rechaza que «se ponga en riesgo el carácter popular de la fiesta con un cierre del recinto festivo».

La lista abertzale de izquierda Baiona 2014, que encabeza Jean-Claude Iriart, contempla el cobro como «una posibilidad extrema», y reclama al alcalde que aporte «todos los elementos que hagan posible un debate real». La Alcaldía debería mover ficha cara a la reunión de la comisión extra municipal, a principios de semana, y aportar datos de peso que refuercen sus intenciones, si quiere llegar con un consenso básico al pleno decisivo del próximo miércoles.