Peret no lo sabía, pero cuando cantaba que «no estaba muerto» se refería a Carles Puigdemont, un gato con más de siete vidas que a costa de no pararse, ni resignarse, sigue moviendo el tablero político catalán, español y europeo, mal que les pese a los líderes europeos, españoles y, también, catalanes. El batacazo que España recibió ayer por parte de tres jueces del Tribunal Superior del Estado de Schleswig-Holstein se oyó hasta en Pitt Island, el trozo de tierra en pleno Pacífico más cercano a las antípodas de Neumünster, ciudad alemana de cuya cárcel podrá salir en las próximas horas el líder catalán bajo fianza de 75.000 euros.

Tres días ha durado el delito de rebelión en manos de los jueces germanos. Tres días. El lunes la Fiscalía del septentrional Land daba cauce a la euroorden emitida por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos; tres días después, ayer, los tres jueces encargados de valorar el caso decidieron que sí, que Puigdemont podría llegar a ser extraditado por el delito de malversación, pero nunca por el de rebelión. Tres días.

La lacónica reacción de la Moncloa lo dijo todo ayer. «El Gobierno dice desconocer los términos exactos en que se ha pronunciado el tribunal alemán y, por lo tanto, añade que no puede hacer ninguna valoración». No hay manual que salve la situación en Madrid, donde al PP le crecen los enanos –el caso Cifuentes dio ayer una nueva vuelta de tuerca–. Sería interesante poder observar el Consejo de Ministros de hoy. Aunque sea a través de una televisión de plasma.

Ni Ciudadanos va a poder sacar gran partido del gran revés alemán. Twitter persiguió ayer a Albert Rivera, que el pasado 25 de marzo, con Puigdemont recién detenido, escribía que «un país federal como Alemania trata con igual o más dureza penal la rebelión / alta traición que la España autonómica. Destruir una democracia europea se paga cargo». Parece que el precio son 75.000 euros.

No hay violencia

La decisión del tribunal de Schleswig-Holstein tiene sus aristas, ya que rechaza también elementos clave de la defensa de Puigdemont, como el hecho de que los líderes catalanes estén sufriendo persecución ideológica en España. Sin embargo, el grueso de su decisión es una enmienda a la totalidad a la tesis de Llarena sobre la violencia, factor imprescindible que mantiene en la cárcel a nueve dirigentes catalanes.

Como ya apuntaba el propio Rivera en su tuit, la clave estaba en el juego entre el delito de rebelión contemplado en el código penal español y el delito de alta traición recogido en el alemán. Sobre el papel, ambos tipos penales tienen una descripción parecida y castigos similares, por lo que, a priori, en España presentaron la extradición como poco más que un trámite obvio y evidente.

En el breve comunicado emitido ayer, el tribunal de Schleswig-Holstein explica que la extradición podría darse por el delito de malversación, que tiene su equivalente en el código penal alemán, pero rechaza por la vía rápida que pueda entregar a Puigdemont por el delito de rebelión, al que dice que no encuentran equivalente en las leyes alemanas. La razón es una, es clara, es diáfana y no merece darle más vueltas: los tres jueces alemanes que han estudiado las acusaciones contra Puigdemont no han encontrado ni un solo acto de violencia que ampare el delito de alta traición. «Los actos que se le imputan no serían punibles en Alemania», se lee en comunicado.

El resto no lo dice porque, evidentemente, no le corresponde, pero cae por su propio peso: si no hay violencia que ampare el delito de alta traición, tampoco hay violencia que sostenga la acusación de rebelión. Algo que, por cierto, también comparte a su indirecta manera la juez de la Audiencia Nacional española Carmen Lamela, que ayer procesó a la cúpula de Interior por el delito de sedición –un tipo penal que se diferencia del de rebelión, precisamente, en que no requiere el uso de la violencia–.

¿Y ahora qué?

En las próximas horas, tras depositar la fianza de 75.000 euros, Puigdemont quedará en libertad condicional, algo que, desde la cárcel de Neumünster ayer avanzaron que podría ocurrir a partir de las 7.00 de hoy. Tras ello, el procedimiento de extradición sigue su curso previsto, solo que con el delito de rebelión fuera de juego. Sigue abierto el periodo de 60 días en el que Puigdemont puede recurrir su extradición por malversación, llegando si fuese necesario hasta el Tribunal Constitucional alemán.

A estas alturas, intentar anticipar qué puede suceder con Puigdemont es un deporte de alto riesgo, aunque puestos a hablar de probabilidades, viendo que los jueces alemanes descartaron ayer que el líder catalán esté siendo perseguido por sus ideas, gana enteros la posibilidad de que los tribunales germanos se acaben decantando por extraditar a Puigdemont. Sin embargo, no podrá ser juzgado en España por el delito de rebelión, algo que pone en jaque el grueso del macrosumario contra el independentismo.

Pero visto lo visto, mejor no adelantar acontecimientos, sobre todo teniendo en cuenta que hay procesos similares abiertos en Escocia, Suiza y Bélgica, donde ayer los exconsellers Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig quedaron también en libertad tras ponerse a disposición del juez que tramita la petición del Estado español. También cabe suponer que en Suiza no hizo demasiada gracia la filtración española según la cual el país helvético pidió el 19 de marzo la extradición del exinformático Hervé Falciani, puesto ayer en libertad tras ser detenido la víspera. Un portavoz del departamento de Justicia informó que la petición de extradición de Falciani data de mayo de 2017.

Siempre es conveniente darse una ducha fría antes de pensar que las noticias llegadas ayer desde Europa suponen el golpe definitivo a nada, pero es una evidencia que, en el frente internacional, el día de ayer fue una pesadilla en Moncloa.

Mientras, en Catalunya...

El terremoto con epicentro en Schleswig-Holstein sacudió en primer término Madrid, pero sus réplicas son potentes también en Barcelona, donde la investidura sigue en el aire. Entre los defensores del líder exiliado se repite desde ayer una pregunta: ¿Qué más tiene que ocurrir para que el Parlament dé el paso e invista president a Carles Puigdemont?

La pregunta coge con el pie cambiado a los grupos parlamentarios independentistas y, sobre todo, a Junts per Catalunya, que ayer dio el paso de nombrar al expresidente de la ANC Jordi Sànchez como nuevo candidato a la presidencia de la Generalitat. De nuevo. La secuencia se dio en tres pasos: a las 10.00, con una carta desde Alemania, Puigdemont bendecía la candidatura de Sànchez. Un cuarto de hora después, desde Estremera, el que todavía era candidato oficial, Jordi Turull, renunciaba por carta a su investidura en favor del número dos de la candidatura de Puigdemont.

Finalmente, poco después, Junts per Catalunya aprovechó otro irrelevante pleno del Parlament para oficializar la candidatura de Sànchez, que ahora tendrá que ser ratificada por el presidente del Parlament, Roger Torrent, que para ello deberá realizar una nueva ronda de reuniones con los grupos parlamentarios. Será la cuarta, y probablemente, no será la última, ya que todos son conscientes de que Llarena, a no ser que el batacazo alemán haga cambiar sus tesis, difícilmente dará su permiso para investir a Sànchez, como ya lo hizo anteriormente.

La idea de JxCat es aprovechar que el Comité de Derechos Humanos de la ONU reclamó al Estado español, como medidas cautelares, que tome todas las medidas necesarias para garantizar los derechos políticos del diputado Jordi Sànchez. Es decir, seguir forzando al Estado español a mostrar su cara más represiva. Tras ello, vendría la investidura efectiva que todavía no tiene rostro conocido –varias informaciones apuntan a que la tensión se ha trasladado ahora a la negociación entre JxCat y PDeCAT–, pero que los dos principales partidos habrían acordado realizar antes de Sant Jordi, el 23 de abril.

Todo esto, sin embargo, podría ser modificado de nuevo tras la liberación de Puigdemont. Solo un dato: sin delito de rebelión, Llarena no puede suspenderlo como diputado.