El tribunal de Edimburgo, que examina la euroorden sobre la exconsellera Clara Ponsatí, ha pedido más tiempo para estudiar la petición. Según apuntan los medios catalanes, no decidirá hoy si acepta o rechaza la euroorden. Amer Anwar, abogado de Ponsatí, ha señalado a la salida de la vista de que «es una distorsión de la realidad»

Ponsatí ha llegado a la corte acompañada de Anwar y arropada por varias decenas de personas que habían acudido a apoyarla. Antes de entrar, el abogado ha realizado una breve comparecencia ante los medios en la que denunció que la euroorden era «un instrumento de represión política» en el caso de su cliente.

A su salida, ha insistido en esta misma tesis y ha confirmado que el tribunal ha solicitado más tiempo para resolver el futuro de Ponsatí. Así, se han fijado sendas vistas preliminares para el 15 de mayo y el 3 de julio, mientras que se ha establecido el inicio de «un proceso completo» a partir del 30 de julio que durará dos semanas.

La corte ha pedido al equipo legal de Ponsatí que prepare los argumentos sobre la posición de la exconsellera.

Serret, Puig y Comín, el 18 de abril

Del mismo modo, la Justicia belga ha fijado para el próximo miércoles, 18 de abril, la audiencia de los tres exconsellers Meritxell Serret, Lluís Puig y Toni Comín ante el tribunal que deberá decidir en primera instancia sobre las órdenes europeas de detención y entrega emitidas por Pablo Llarena.

Esta primera comparecencia tiene carácter «preliminar», por lo que tampoco se espera que el juez tome todavía una decisión sobre el fondo del asunto. Así, los tres exconsellers comparecerán ante la Cámara del Consejo.

La audiencia tendrá lugar después de que el juez de instrucción que tomó declaración el pasado jueves a Serret, Comín y Puig y decidió dejarles en libertad con medidas cautelares.

De los tres exconsellers que permanecen en Bélgica, Comín es el único procesado por Llarena por un delito de «rebelión», al que se le suma el de malversación de caudales públicos. Serret y Puig, por su parte, han sido procesados por delitos de «desobediencia y malversación».