El Gobierno español, obedeciendo la más obvia norma diplomática y demostrando cierta conciencia de la relación de fuerzas en la UE, insiste en que lo que ocurra en Alemania con el president Carles Puigdemont no afectará las relaciones entre Madrid y Berlín, pero no hace falta más que observar el titular con el que el diario deportivo “Marca” celebró la victoria de los tenistas españoles frente al equipo germano en la Copa Davis para ver que el nervio autárquico español se ha activado. «Alemania, a España no se le torea», tituló el diario más vendido del Estado, aquel con el que Mariano Rajoy se fotografía.

Pese a los esfuerzos del Ejecutivo por mantener la compostura, el malestar español por la decisión de la Audiencia de Schleswig-Holstein de no extraditar a Puigdemont por rebelión se ha dejado notar en figuras y estamentos cercanos a Rajoy, empezando por el eurodiputado Esteban González Pons, que en una carta a los miembros del Parlamento europeo criticó que «algo funciona mal» cuando «un tribunal regional puede anular en dos días el criterio de un Tribunal Supremo nacional».

Le siguió el martes pasado la Fiscalía de la Audiencia Nacional española, que aprovechó su posicionamiento favorable a una euroorden cursada por las autoridades alemanas para recordar que, «fiel al principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales, en ningún caso ha entrado a valorar la entidad de los elementos de prueba de que disponen las autoridades requirentes». De este modo, la Fiscalía dirigía su impotencia al clavo ardiente al que se aferra para salvar la euroorden: considerar que Alemania se ha excedido en sus quehaceres al entrar en el fondo de la cuestión y considerar que no hubo violencia en Catalunya.

Desde Madrid se divulga que el fundamento de las euroórdenes entre países de la UE se basa en la confianza mutua en los respectivos sistemas judiciales y que, por tanto, las entregas tienen que ser poco menos que automáticas. Esta versión deja de lado que el automatismo, de existir, solo existe en los delitos reglados por la euroorden, entre los cuales no consta la rebelión.

Fue la propia Comisión Europea, a través de la comisaria de Justicia, Vera Jourová, la que se lo recordó ayer al cerrar filas con la decisión de los jueces de Schleswig-Holstein. «Creo que en este caso específico Alemania actuó de acuerdo a las reglas», aseguró en una rueda de prensa en la que también descartó modificar la normativa que regula las euroórdenes.

Última intentona

En ausencia de mayores novedades, ayer se elevó a noticia del día la reunión que fiscales españoles y alemanes mantendrán «de forma inminente», según medios españoles, en La Haya con la intención de aportar supuestas nuevas pruebas de la violencia catalana y presionar para recuperar así la imputación de rebelión en Alemania.

Podría ser el último cartucho antes de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena opte por elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a quien pediría evaluar el modo en que Alemania ha interpretado la euroorden. Se trata de un paso incierto que suscita numerosas dudas entre juristas, pues una cuestión prejudicial se plantea, de entrada, antes de tomar una decisión, y la plantea quien debe tomar la decisión.

En cualquier caso, Llarena tiene antes que resolver, probablemente hoy, la petición que el expresidente de la ANC Jordi Sànchez le ha formulado para poder asistir al pleno de investidura de mañana.

La detenida en la operación del martes contra los CDR pasará hoy a disposición judicial

La Guardia Civil alargó ayer 24 horas más la detención de Tamara, la persona de Viladecans detenida el martes en la operación contra los Comités de Defensa de la República (CDR), que pasará hoy a la mañana a disposición de la Audiencia Nacional española, donde el juez Diego de Egea le acusa de los delitos de terrorismo, rebelión y sedición. Según informaron los CDR, la Guardia Civil blandió como pruebas contra ella, además de un supuesto audio en el que enumera posibles acciones, una captura de Google Maps con un recorrido marcado y el permiso para realizar una actividad lúdica en la vía pública. A la detenida no se le ha aplicado ninguna medida de la Ley Antiterrorista y su detención es comunicada.

Ayer se supo, además, que la causa abierta contra las cuatro personas que acompañaban a Puigdemont en Alemania ha pasado también a manos de la AN. B.Z.