Así lo ha indicado en una conferencia de prensa la responsable comarcal del sindicato, María Balda, en la que ha señalado que para conseguir pensiones «dignas» es necesario «generar el debate sobre el reparto de la riqueza» y que el mismo es «un debate político y no técnico».

Al respecto, ha precisado que en Nafarroa se destina en la actualidad un 9,4 por ciento del PIB para el 20,8 por ciento de la población pensionista, y que el total de pensiones abonadas en el herrialde en 2016 fue de 1.816,2 millones de euros.

A su vez, ha apostado por «decidir si vinculamos los recursos para las pensiones de forma única y exclusiva a las cotizaciones o si toca hablar de impuestos», por perseguir el fraude fiscal y «deshacer todas las rebajas de impuestos aplicados a las rentas altas, empresas y capital».

En concreto, en Nafarroa una de cada cinco personas percibe una pensión, de media 1.070 euros, aunque en el caso de las mujeres es de 734 euros de media frente a los 1.261 de los hombres.

ELA exige dar marcha atrás en los recortes de 2011 y 2013, ya que en el 2011, bajo el marco del diálogo social del Pacto de Toledo, se decidió retrasar la edad de jubilación de 65 a 67 años, se disminuyó la cuantía inicial de la pensión y se amplió el periodo cotizado.

Además, también ha reclamado una pensión mínima de 1.080 euros, una cifra que resulta de la aplicación de los criterios establecidos en la Carta Social Europea, que fija un salario mínimo equivalente al menos al 60 por ciento del salario medio.

Tras pedir que no se limite la financiación de las pensiones a las cotizaciones sociales, ha pedido eliminar las bonificaciones empresariales.

Igualmente ha solicitado aprobar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra la pobreza y exclusión social presentada en los parlamentos vascos, ya que la renta garantizada es «insuficiente» para hacer frente a la actual situación y, de aprobarse, las mujeres pensionistas verían aumentada su pensión hasta el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

El responsable del gabinete de estudios de ELA, Iñaki Zabaleta, ha defendido por su parte que todas las personas tengan acceso a una vivienda en alquiler con un precio proporcional a los ingresos de cada uno, algo que es cuestión de «voluntad política y reparto de la riqueza».