Si el tribunal que juzgue a los dirigentes catalanes por el 1-O decide condenarlos por el delito de malversación, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, puede tener un problema. Las cuentas de la Generalitat estaban intervenidas desde principios de setiembre, por lo que cualquier euro desviado al plebiscito durante aquellos días sucedió delante de sus narices. De ahí que Montoro declarase ayer: «Yo no sé cómo se pagó el 1-O, pero no con dinero público».

El Gobierno español ya había sostenido lo mismo en un informe remitido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, pero ayer Montoro lo dijo públicamente por primera vez en una entrevista en “El Mundo”. Se trata de una declaración que deja en entredicho, de manera notable, el delito de malversación de fondos públicos que Llarena achaca a los miembros del Govern imputados.

De hecho, tras descartar el delito de rebelión, los jueces alemanes que tramitan la euroorden contra el president Carles Puigdemont pidieron al Supremo mayor información sobre la supuesta malversación, que Llarena cifra en 1,6 millones de euros basándose en un informe de la Guardia Civil en el que no se acredita el gasto de semejante suma de dinero. Hasta la ministra alemana de Justicia, Katarina Barley, sugirió que España debería defender mejor la acusación de malversación.

Con todo, Montoro deja también dos ideas que sobrepasan el marco catalán y que no está de más retener: «Vivimos en un Estado que puede impedir presupuestariamente la independencia. Y es lo que hemos hecho. También hemos sacado lecciones para el futuro».

Declaraciones contundentes

La entrevista con Montoro se publicó el mismo día en que los dirigentes imputados empezaron un nuevo desfile ante los jueces del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional española. En este caso se trata de las declaraciones indagatorias en las que el juez, tras dar conocimiento del auto de procesamiento a la persona imputada, le da la oportunidad de reconocer los hechos o de negarlos. No suele ser poco más que un trámite previo al cierre de la instrucción, pero ayer varios de los imputados, visto que tratar de ganarse el favor de Llarena no sirve de gran cosa, aprovecharon para realizar alegatos.

Así, por ejemplo, el expresidente de la ANC y todavía candidato oficial a la presidencia, Jordi Sànchez, acusó a Llarena de falta de objetividad: «No se puede ser juez y víctima».

Puigdemont se opone a la repetición electoral

Un millón de espectadores vieron la noche del domingo la entrevista realizada por el director de TV3, Vicent Sanchis, al president Carles Puigdemont en Berlín. Fue su primera entrevista tras quedar en libertad en Alemania, después de que el tribunal de Schleswig-Holstein rechazase el delito de rebelión que le imputa el Tribunal Supremo. Todos los medios señalaron en resaltar el mismo titular: «Tenemos que buscar las fórmulas para que no haya elecciones». Es decir, Puigdemont descarta la repetición de los comicios, lo que confesó que pasa por «proponer otro candidato».

Eso sí, pidió paciencia y confianza: «Tenemos hasta el día 22, no será necesario apurar hasta el final, pero dejemos trabajar un poco, un poco de confianza, por favor». Además, Puigdemont rechazó renunciar al escaño para favorecer una investidura en segunda vuelta sin el apoyo de la CUP, y recordó que «se está reformando la Ley de Presidencia por alguna razón». Es decir, el president sigue con la intención de ser investido cuando haya una base jurídica que sostenga una elección telemática.

La entrevista en prime time televisivo, a la que siguió un programa sobre su contenido, desató ayer la furia de Ciudadanos, cuyo líder, Albert Rivera, propuso que, a través del 155, el Senado tome el control de TV3. El líder del PP catalán, Xavier Garcia Albiol, le recordó que no será por falta de ganas: «Si TV3 no está bajo control del 155 es porque Rivera se posicionó con el PSC para que no se tocará, dejando solo al PP en la defensa de esa intervención». B.Z.