La resolución ha sido aprobada con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E y los votos en contra de UPN y PPN.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E esgrime razones de operatividad para, en vista de la actitud «obstruccionista que el PP mantiene desde el Ministerio de Justicia» español de obtener desde el Colegio de Registradores de la Propiedad de Nafarroa la información relativa a las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica en el herrialde, «tal y como han hecho ya País Vasco y Aragón en sus respectivos territorios».
 
En ese sentido, se recuerda que el Parlamento de Nafarroa aprobó el 8 de abril de 2016 una resolución emplazando al Ejecutivo navarro a «recabar del Ministerio de Justicia todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica en Navarra desde 1946 hasta hoy».
 
En cumplimiento de dicha resolución, el 23 de junio de 2016 la Consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia solicitó al Director General de los Registros y del Notariado dicha información. Y el 1 de julio del mismo año, el Director General de los Registros y del Notariado contestó que «el Ministerio de Justicia no dispone de dato alguno relativo a la inmatriculación de bienes de la Iglesia católica».
 
Esa afirmación, según se hace constar, contradice frontalmente la respuesta que el 15 de abril de 2008 diera la entonces Directora General de los Registros y del Notariado del Gobierno de Zapatero a la presidenta del Parlamento de Nafarroa, Elena Torres, a la que remitió la información solicitada (1.087 bienes inmatriculados entre 1998 y 2007).
 
Así las cosas, de cara a sortear los impedimentos del Ministerio de Justicia español y atendiendo a la solicitud de la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro, el Parlamento opta por explorar otra vía, a fin de «conocer la magnitud del expolio llevado a cabo por la Iglesia Católica».

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha considerado que no debería producirse «ningún impedimento» y ha esperado que esto «no se deniegue» al Gobierno de Nafarroa.

En nombre de Geroa Bai, Rafael Eraso ha apuntado que el obstruccionismo «aun suponiendo que fuera legal», este modo de proceder «es injusto para el resto de la ciudadanía».

Tere Sáez, de Podemos-Ahal Dugu, ha destacado que «el Arzobispado debe devolver estos bienes inmatriculados porque son de las personas, son de los pueblos». «Lo que hay que hacer es devolver el patrimonio al pueblo y que todos lo podamos utilizar, se sea creyente o no se sea», ha indicado.

Por el PSN, Inma Jurío, que ha afirmado que «la Iglesia expolió ilegítimamente las propiedades que verdaderamente correspondían a los pueblos», ha criticado el «oscurantismo» existente en esta materia, posibilitado por la «connivencia» con el Partido Popular.

También la parlamentaria de IE Marisa de Simón ha remarcado que «la Iglesia tiene que devolver esos bienes a todos los navarros y todas las navarras». De esta forma, se ha dirigido al Arzobispo de Iruñea para pedirle «que cumpla con su obligación y devuelva lo que no es suyo».

Por el contrario, Iñaki Iriarte, UPN, ha precisado que «es posible que haya habido excesos, pero quien tendrá que decidir serán los tribunales, no los Parlamentos». En este sentido, ha indicado que serán las partes implicadas quienes tengan que pedir dicha relación, «no los Gobiernos».
«Superen su fase de anticlericalismo adolescente, respeten la propiedad de la Iglesia, como respetan la propiedad de las comunidades islámicas o musulmanas», ha dicho.

Por su parte, Javier García, PP, ha criticado el «odio que existe en algunos de los portavoces hacia todo lo que tiene que ver con la Iglesia Católica» y ha querido poner de relieve la «importantísima labor» que realiza la institución en el Estado.