En un informe titulado ‘1-O en Catalunya: Obstáculos para la investigación del uso excesivo de la fuerza’, Amnistía Internacional señala que frente a los esfuerzos de varios juzgados por establecer la verdad de lo ocurrido, «la Fiscalía está desarrollando acciones tendentes a la descalificación de las denuncias, la obstrucción de diligencias, e incluso mostrando una falta de interés en el proceso, dificultando el esclarecimiento de los hechos por parte de las autoridades judiciales pertinentes».

Así, apunta que frente a ello la Fisclaía ha tratado de mostrar «la violencia de manifestantes como un elemento clave que debería descartar las investigaciones judiciales sobre uso excesivo de la fuerza».

Igualmente, recuerda que «la Fiscalía se opuso a que el Juzgado de Instrucción número J17 ofreciese a personas lesionadas poder personarse en el procedimiento», asegurando que «debido al carácter leve de las lesiones no cabría investigar de oficio dichos hechos, a menos que la persona afectada formulase denuncia». En este sentido, la Fiscalía instó a que sólo se hiciese este ofrecimiento a aquellas personas lesionadas, que, sin haber denunciado, hubiesen tenido que recibir tratamiento médico o quirúrgico, pero en ningún caso a aquéllas que únicamente hubiesen precisado una única asistencia facultativa.

«Si a esta actitud preocupante de la Fiscalía se añade la falta de investigaciones internas por parte del Ministerio de Interior en relación a los abusos cometidos el primero de octubre, y sus declaraciones exculpatorias de responsabilidad de los agentes en relación con el uso excesivo de la fuerza, la redindición de cuentas por lo ocurrido y el esclarecimiento de los hechos se ponen en riesgo», ha señalado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en el Estado español. 

De esta forma, Amnistía Internacional considera que «si bien las fuerzas de seguridad actuaron con el objetivo de cumplir la orden legitima del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que ordenaba impedir la celebración de dicho referéndum, pudo comprobar que los agentes hicieron uso peligroso e inadecuado de material antidisturbios, entre ellos, proyectiles de impacto cinético como pelotas de goma, cartuchos de fogueo o sustancias químicas irritantes».

Ante ello, entiende que «las autoridades deben adoptar medidas para garantizar que se realizan investigaciones efectivas sobre los casos de uso excesivo de la fuerza así como asegurar que las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía el 1-O reciben reparación inmediata y adecuada, incluyendo indemnización, y que este hecho no dependa de la condena penal de los agentes individuales implicados o de que las víctimas presenten una demanda civil en los tribunales».