Las mujeres son una parte muy importante del pujante movimiento de pensionistas que reivindica derechos básicos como es una pensión pública digna. Hoy, en Bilbo, ha comparecido una representación de ellas para reivindicar que se reconozna no solo ese derecho sino el valor de su trabajo.

Para empezar, han dicho que algunas de ellas no han podido tener un empleo reconocido pero han contribuido a generar el 50% del PIB real gracias a su labor en casa y fuera de ella. «Este trabajo no se reconoce, no se valora, no se contabiliza», han denunciado. «Genera obligaciones –han añadido– pero no vale para crear derechos. Nuestro trabajo es necesario para sostener el sistema, pero el sistema no nos permite acceder a una pensión digna».

«Estamos hartas de que el trabajo que realizamos no sea valorado socialmente. Estamos hartas de ser invisibles para un sistema que nos necesita pero no nos reconoce el derecho básico a una pensión y una vida digna; estamos hartas –han enfatizado– de que esa invisibilidad sea utilizada para discriminarnos, agredirnos y convertirnos aquí y ahora en personas de segunda categoría». Han recordado que su trabajo es «fundamental» para la sostenibilidad del sistema y exigen que se reconozca.

«Tenemos derecho a una vida digna y también cuando nos hacemos mayores. Tenemos derecho a ser cuidadas y no ser cuidadotas. Exigimos pensiones que nos permitan vivir como nos merecemos», han insistido.

En este sentido, han incidido en el derecho a una pensión de viudedad, del que han dicho no es un derecho propio. «Es un derecho que depende de lo cotizado por la pareja. Solo nos dan una parte de lo que él recibía. ¿Y las que hemos decidido no casarnos? ¿Y a las que no se les ha permitido casarse porque hasta hace poco era una posibilidad reservada para las heterosexuales?», se han preguntado.

Por todo ello, han subrayado que el «problema» es el sistema, no las pensiones. Así, han exigido la universalización para todas las mujeres del derecho subjetivo a una pensión digna independientemente de su situación laboral. Además, entre otras peticiones, reclaman una pensión mínima de 1.080 euros y un Salario Mínimo Interprofesional de 1.200 euros para luchar contra la pobreza, sin olvidar la creación de una red de servicios de atención y cuidados públicos, «pagados con presupuestos públicos, que nos permita conciliar nuestro trabajo y nuestra vida».

Han destacado que en 2018 no todas las mujeres tienen reconocido el derecho subjetivo a una pensión. «Las que no han accedido a un empleo remunerado son invisibles para el sistema de pensiones. Seguirán dependiendo de sus maridos o de sus tierras. Las que han accedido a un empleo de forma precaria no consiguen con sus pensiones acceder a unas condiciones de vida dignas. Las mujeres jóvenes que están accediendo ahora al mercado laboral no van a poder cumplir con las condiciones que han impuesto reforma tras reforma», han relatado.