La formación soberanista ha explicado que el Servicio de Mediación Intrajudicial ha sido adjudicado a la empresa IRSE Euskadi a través de un proceso que está siendo investigado por la Fiscalía del TSJPV, que ya habría llamado a declarar a varias personas.

EH Bildu ha solicitado la comparecencia urgente en el Parlamento de la consejera de Trabajo y Justicia, María Jesús San José (PSE), con el fin de que ofrezca explicaciones acerca de las irregularidades presuntamente cometidas en este concurso público de adjudicación del anteriormente denominado Servicio de Justicia Restaurativa. La parlamentaria Jone Goirizelaia ha remarcado que esto «aparenta ser un caso de enchufismo, clientelismo y corrupción», así como «un delito contra las administraciones públicas».

Goirizelaia considera que «hay base más que suficiente para entender que el concurso estaba teledirigido para que la adjudicación recayera en una empresa concreta, IRSE Euskadi en este caso». La representante de EH Bildu ha afirmado que, a la hora de valorar las diferentes ofertas recibidas, la Dirección de Justicia del Gobierno autonómico «se reservó el poder de otorgar 49 puntos –sobre un máximo de 100– sólo en función de su opinión subjetiva, sin atender a ningún criterio objetivo».

Esto «abre la puerta a actuaciones arbitrarias y discrecionales, que no responden a parámetros objetivos, sino a intereses personales y partidistas que contaminan el desarrollo de lo que debe ser la adjudicación de un servicio público. Es evidente que el Departamento Justicia preparó el concurso para dar el contrato a IRSE Euskadi. Basta ver que la otra empresa licitante obtuvo mejor puntuación en los apartados objetivos, y que sólo la valoración subjetiva, arbitraria, de la Consejería, desequilibró la balanza a favor de IRSE Euskadi».

Goirizelaia ha censurado que «en su afán por favorecer a esa empresa», el Departamento de Trabajo y Justicia ha vulnerado el convenio colectivo de Intervención Social, que recoge «la obligación de subrogación de los trabajadores».