NAIZ
GASTEIZ

Los partidos abordarán la próxima semana la regulación de los ingresos en el Nuevo Estatus

Los partidos iniciarán la próxima semana el debate sobre las posibles reformas en materia de hacienda, ingresos fiscales y patrimonio que se incluirían en el Nuevo Estatus político, aunque previamente tratarán de alcanzar un acuerdo sobre las competencias y la regulación de la Administración de Justicia en ese futuro marco.

La Ponencia de Autogobierno, en una reunión de la pasada semana. (Juanan RUIZ/FOKU)
La Ponencia de Autogobierno, en una reunión de la pasada semana. (Juanan RUIZ/FOKU)

La Ponencia de Autogobierno ha celebrado en el Parlamento de Gasteiz su reunión semanal, en la que se ha continuado con el análisis de las propuestas de los grupos en torno las competencias del Nuevo Estatus político.

El debate sobre esta cuestión no se ha cerrado, de forma que el objetivo es tratar de llegar a algún acuerdo sobre este punto en la reunión de la ponencia de la próxima semana, según han explicado fuentes parlamentarias.

En el encuentro de este miércoles también se han planteado las propuestas de los partidos en torno a la forma en la que se podría regular la Administración de Justicia, la arquitectura institucional y la resolución de conflictos competenciales en ese nuevo marco. En este caso, tampoco se ha cerrado el debate, que continuará en las próximas sesiones de la ponencia.

Este foro parlamentario reanudará el próximo miércoles el estudio sobre estas cuestiones, en una reunión en la que también se empezarán a estudiar los posibles cambios en las materias relacionadas con la regulación de la hacienda y el patrimonio en el Nuevo Estatus.

Propuesta del PNV

El PNV ha trasladado a los grupos su propuesta competencial en ese Nuevo Estatus.

En la línea de las propuestas para el Preámbulo y para el Titulo Preliminar del Nuevo Estatus pactadas entre PNV y EH Bildu, el ámbito competencial planteado se sustenta en la «bilateralidad efectiva» con el Estado y se articula como un «Concierto Político» similar al económico en «concepción, estructura y operatividad».

Reside en los derechos históricos y deberá adecuarse a la relación de naturaleza confederal con el Estado que se recoge en los apartados de la propuesta acordados ya.

En el texto se aboga por asumir las competencias reconocidas y no transferidas, por recuperar las «menguadas» por la legislación orgánica y las sentencias judiciales y por ampliar las actuales para garantizar un «amplio ámbito de decisión propio, inclusivo e incondicionado».

En los ámbitos normativos reservados al Estado la competencia de ejecución correspondería, según esta propuesta, a las instituciones vascas, siguiendo modelos federales como el alemán.

Delimita tres grandes bloques competenciales. El primero estaría integrado por las «materias concertadas» con el Estado: la lengua, el deporte, la cultural vasca, la educación, la seguridad, el empleo público, el derecho civil, el Concierto Económico, la organización de los tres niveles institucionales y la Administración de justicia, dentro de la que se incluye la política penitenciaria.

El segundo bloque reconoce la titularidad de los recursos naturales y de las infraestructuras y el tercero incluye la competencia de los sistemas de relaciones laborales «y de protección o de Seguridad Social».

En este sentido, se señala que el Nuevo Estatus debería contemplar mecanismos de «cooperación y solidaridad» con los sistemas estatales.

El documento incluye una «amplia» competencia en acción exterior y relaciones internacionales, y la capacidad de representación de las instituciones vascas en las europeas e internacionales.

También se defiende que el Nuevo Estatus permita desarrollar políticas propias de convivencia y de «profundización democrática», incluida la capacidad para regular consultas ciudadanas o referendos.

Asimismo, señala que debe preservar y reforzar el Concierto Económico y ofrecer garantías jurídicas «eficaces» que aseguren que el Estado negociará cada vez que sea necesario su actualización.

La Comisión Mixta del Concierto Político se encargaría de pactar las condiciones en las que se ejercerán las competencias por parte del Estado y de las instituciones vascas.

El texto defiende también la inclusión de mecanismos para que las diferencias competenciales se resuelvan «desde el acuerdo y el pacto» y la creación de un foro arbitral para ello.

El Tribunal Constitucional español intervendría en última instancia, aunque se aboga por «reconducir» su modelo para garantizar principios como «la imparcialidad y la objetividad».

El próximo miércoles los grupos se posicionarán sobre este texto y pasarán a analizar el relativo a los poderes públicos, que se encargará de elaborar EH Bildu.