María Jesús San José, consejera de Trabajo y Justicia de Lakua, ha respondido en el pleno de control del Parlamento de Gasteiz a una pregunta de Jone Goirizelaia (EH Bildu), quien ha recordado que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la CAV ha abierto una investigación por este concurso que, a juicio de la parlamentaria, «estuvo teledirigido» para que determinadas empresas se hiciesen con él.

Ha criticado la gestión de la consejera por ser «nefasta» y le ha reclamado que debería haber paralizado el concurso y haber investigado si hubo irregularidades.

La consejera ha reprochado a Goirizelaia que «por indicios y sin base alguna» haga juicios de valor sobre la actuación de su Departamento y ha dejado claro que colaborará con la Fiscalía en todo lo que se le solicite. «El procedimiento ha seguido escrupulosamente criterios de transparencia, libre concurrencia y legalidad», ha hecho hincapié la titular de Justicia, quien ha defendido por «adecuada» la adjudicación a la empresa Irse Euskadi porque «se han cumplido todos los procedimientos y requisitos legales».

Además, ha asegurado que la mayoría de los trabajadores empleados actualmente con la anterior adjudicataria seguirán siéndolo con la nueva. En este sentido, ha anunciado que su Departamento ha iniciado una negociación con la empresa ganadora del concurso para que cuente con ellos.

Ha explicado que se modificaron las bases del concurso porque «se quería dar un salto cualitativo» en el servicio con la incorporación de nuevas técnicas de mediación y para cumplir la actual normativa contractual.

San José ha subrayado que «se quiso garantizar la mayor concurrencia posible» y ha recordado que los pliegos no fueron recurridos por ninguna empresas, al tiempo que ha negado que primasen los criterios subjetivos en la elección.

El Departamento de San José adjudicó el contrato del servicio de Justicia Restaurativa, antes llamado de Mediación Intrajudicial, a la empresa Irse Euskadi, tras haber estado diez años gestionado por Irse Araba que, a pesar del nombre, no tiene relación con la actual adjudicataria.

Los trabajadores de Irse Araba denunciaron en su día que el Gobierno de Lakua cambió las bases del concurso y recogió unas condiciones con las que esta empresa quedaba fuera.