La flamante ministra de Educación y portavoz del nuevo Gobierno español, Isabel Celaá, se estrenó ayer con solvencia en la sala de prensa de La Moncloa, donde además de presentar un ejecutivo del que destacó la presencia femenina y la «vocación europeísta», presentó un caramelo a la prensa ávida de noticias sobre la política de Pedro Sánchez respecto a «la integridad territorial», que Celaá situó como «el principal problema» del Estado. El caramelo: el final del control financiero de la Generalitat «como gesto de normalización política».

Pero un vistazo en detalle permite devaluar francamente el tamaño del gesto. La intervención financiera decretada por el Ministerio de Hacienda el pasado 15 de setiembe estaba vinculada –en virtud de una orden del 27 de diciembre– a la aplicación del artículo 155 contra Catalunya, que decayó tras el nombramiento del nuevo Govern. Es decir, Moncloa no hace más que aplicar el fin del artículo 155. De hecho, en un anticipo de la dinámica que puede acompañar al nuevo Gobierno, tras las críticas de Ciudadanos, el propio ejecutivo de Sánchez se apresuró a aclarar en una nota que «este mecanismo (el control de las cuentas) era uno de los resortes que era preciso desactivar tras el levantamiento automático del artículo 155».

El gesto, por tanto, no es tan contundente como ayer se quiso presentar, aunque no carece de importancia: a partir de ahora, la Generalitat podrá ordenar pagos y traspasos a los bancos con los que trabaja sin necesidad del visto bueno de Madrid. Con todo, la propia Celaá se encargó de recordar de que la nueva situación «no significa que el Gobierno no vaya a estar informado de las eventuales partidas que pudieran dirigirse a cuestiones catalanas». Es decir, la supervisión algo más light de las cuentas catalanas en vigor desde 2015 se mantiene en pie.

La autodeterminación, «fuera»

Más allá de las finanzas, Celaá también habló de la necesidad de «normalizar institucionalmente el país», para lo cual consideró necesario «abrirse al diálogo». Se apresuró, sin embargo, a fijar el límite de esa apertura al cambio de relaciones entre Madrid y Barcelona: la autodeterminación queda «absolutamente fuera». «Con la Constitución en una mano y con el diálogo en la otra, es preciso abordar los asuntos que tenemos pendientes», añadió.

El mínimo aceptable por el soberanismo catalán sigue estando a años luz del máximo que el nuevo Gobierno español parece estar dispuesto a aceptar. Con todo, será necesario esperar al resultado de la reunión que Sánchez y el president, Quim Torra, acordaron ayer –en su primera conversación telefónica– celebrar en los próximos días. Una de las primeras demandas del dirigente catalán será el acercamiento de los presos políticos, sobre el que ayer Celaá pasó de puntillas, escudándose en que «su situación en este momento depende del juez instructor».

Uxue Barkos e Iñigo Urkullu ya han enviado sus respectivas cartas al nuevo presidente

Uxue Barkos e Iñigo Urkullu anunciaron ayer que ya han enviado sus respectivas cartas al nuevo presidente del Gobierno español en las que reclaman ciertas medidas «urgentes». La lehendakari navarra le solicita una reunión para tratar la Ley de Estabilidad Presupuestaria o el TAV, mientras que Urkullu ha pedido «una vía de diálogo» y subraya las transferencias pendientes recogidas en el Estatuto de autonomía.

Barkos quiere hablar «de manera especial» de abrir la puerta a «la ejecución de inversiones financieramente sostenibles» y a los límites impuestos a la «tasa de reposición». El Tren de Altas Prestaciones, así como la segunda fase del Canal de Navarra son también prioridades para la lehendakari. EH Bildu cree que Barkos debía haber consensuado su escrito con el cuatripartito que la sostiene.

Por su parte, el lehendakari Iñigo Urkullu ha pedido a Sánchez «una vía de diálogo para avanzar en la profundización del autogobierno» y en un nuevo escenario de relación entre la CAV y el Estado español «desde el principio de la bilateralidad y el reconocimiento mutuo». «Espero que se abra una etapa de diálogo para escuchar y ser escuchado», dijo ayer en el pleno del Parlamento, a preguntas de EH Bildu y Elkarrekin Podemos.

Iñigo Urkullu valoró positivamente los cambios en el Gobierno español que suponen, a su juicio, una oportunidad para resolver los problemas políticos mediante el diálogo y ha confiado en que Sánchez sepa entender mejor asuntos relacionados con el cumplimiento íntegro del Estatuto, la actualización del autogobierno y la convivencia normalizada en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. «Se ha abierto un nuevo tiempo y en el Gobierno Vasco lo abordamos con propósito de diálogo y acuerdo», afirmó.GARA

Ciudadanos pedirá elecciones en el pleno del martes en el Congreso

El 31 de mayo, en la primera jornada del pleno de moción de censura, Ciudadanos registró una moción sobre el Instituto Cervantes, en el que ha colado un párrafo según el cual «el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a convocar Elecciones Generales de manera inmediata a fin de que los ciudadanos decidan el futuro político de España». La iniciativa del partido naranja se debatirá y votará el martes, y no parece que la propuesta de convocar elecciones vaya a tener el apoyo de ningún otro partido.

Estaba claro que el Gobierno de Pedro Sánchez no iba a tener periodo de gracia ni se iba a salvar de los ataques desde el primer momento de Partido Popular y Ciudadanos. Sin embargo, el PP se limita de momento a ocurrencias para salir del paso en las declaraciones, dado que sus verdaderos esfuerzos se centran en el proceso de relevo de Mariano Rajoy. Y Cs ha quedado descolocado, como en buena medida demuestra su extravagante propuesta de convocar elecciones.

Podemos combina la advertencia con la vigilancia. Por un lado, dice que dará un plazo de «unos días» para ver qué hace el Gobierno, y comprobar qué medidas adelanta. Y, por el otro, lanza continuos avisos a Pedro Sánchez de que debe contar con sus apoyos en el Congreso.I.I.