El Gobierno español acaba de asumir públicamente la existencia de presos gravemente enfermos, a los que al parecer baraja acercar a Euskal Herria y no excarcelar. Los profesionales de la salud en Euskal Herria no están impasibles ante esta situación. Ya sumaron fuerzas para denunciar el caso de Ibon Iparragirre cuando se encontraba en prisión, a través de aquel informe llevado al Parlamento de Gasteiz por 300 médicos que remarcaba el riesgo de fallecimiento, y lo vuelven a hacer ahora de modo no puntual sino permanente. Se ha creado Osabideak, que se define como «asociación multidisciplinar de carácter profesional compuesta por juristas y médicos/as, cuya finalidad es defender el derecho a la salud de las personas privadas de libertad en el París Vasco», ante la evidencia de que hay «situaciones de inequidad y desasistencia sanitaria que en algunos casos llegan a poder considerarse tratos inhumanos y degradantes» según los criterios europeos.

La misión concreta que se otorga esta asociación consiste en «detectar, evidenciar y dar asesoramiento profesional ante las agresiones a principios básicos de salud de las personas privadas de libertad, que consideramos en especial riesgo de vulnerabilidad en general y que en el caso de algunos presos vascos (los encarcelados bajo legislación antiterrorista) se ve agravada por una situación de aplicación generalizada de la excepcionalidad (alejamiento, aislamiento, 1º grado, FIES...)». Lo que da importante valor añadido a la iniciativa es su carácter profesional, experto. Desde ese conocimiento aspiran a construir «diques garantistas a favor de los derechos humanos». Y están dispuestos, además de su propia labor como Osabideak, a «fomentar sinergias con otras asociaciones profesionales estatales defensoras de los derechos sanitarios, la sanidad pública y los derechos humanos».

Una de sus primeras iniciativas ha sido activar una campaña de recogida de firmas por la derogación de la instrucción penitenciaria 3/2017. Es la que el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, presentó públicamente diciendo que permitiría retener en prisión a los enfermos hasta que su esperanza de vida se situara en torno a los dos meses, toda una aberración desde parámetros de derechos humanos y también médicos. Para Osabideak, esa circular «es contraria a las directrices establecidas por la ONU y la OMS, elude el principio de humanidad de la Ley General Penitenciaria y condiciona la libertad a requisitos no exigidos por ley que se contraponen a la deontología médica y evidencia científica disponible».

Mesa redonda el martes en Bilbo

A dar a conocer la asociación y difundir sus reivindicaciones contribuirá la mesa redonda que ha sido organizada este próximo martes en la sede del Colegio de Médicos de Bizkaia (calle Lersundi 9) a las 18.00.

Tomarán parte en la misma Jorge Barrón (Osalde), Iñaki Lasagabaster (catedrático de Derecho de la UPV), Silvia Encina (abogada que forma parte de un colectivo de familiares contra la crueldad carcelaria), Iñaki Goioaga (abogado en Derecho Penal que asiste hace muchos años a presos vascos), Irma Orozko (miembro de la comisión de asistencia penitenciaria del Colegio de Abogados de Bizkaia) y Olga Casado (médica del Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura).

Los impulsores de esta iniciativa constatan a GARA que la sensibilización de los profesionales de la salud resulta automática cuando se conoce una situación casi siempre ocultada por los muros de la prisión y la invisibilidad que generan. Lo advirtieron en el caso de Ibon Iparragirre y vuelve a notarse ahora con la campaña contra la instrucción penitenciaria 3/2017. Y esta sensibilización no solo se produce en Euskal Herria, también en el resto del Estado: «Cuando reciben información sobre estas cuestiones, quien más quien menos se pregunta ‘pero, ¿cómo puede estar pasando esto?’».