Según ha informado Rac1, Puigdemont activó el procedimiento el 22 de junio, presentando un escrito para acogerse a la ley catalana que regula el acceso de los expresidentes a estas prerrogativas una vez finaliza su mandato.

La ley, aprobada en 2003, establece que los expresidentes, desde su cese, tienen «el reconocimiento, la atención y el apoyo debido, de acuerdo con las funciones y las responsabilidades ejercidas».

La misma norma recoge que es el Govern del momento el que debe «determinar los medios personales y materiales» que hay que poner a disposición del expresidente en cuestión, así como los servicios de seguridad que considere necesarios.

Hasta la fecha, los expresidentes de la Generalitat han tenido acceso a una oficina, a personal de apoyo, de seguridad y a un coche oficial.

La ley se aplicó por primera vez tras la Presidencia de 23 años de Jordi Pujol, aunque renunció a estas prerrogativas en 2014 después de confesar que había ocultado dinero en Andorra.

Además, tras la confesión de Pujol, el Parlament modificó la ley y se atribuyó la posibilidad de retirar la prerrogativas a los expresidentes total o parcialmente si estos perdían «las condiciones de honorabilidad necesarias».

Este año el PP trató de modificar de nuevo la norma para que Puigdemont no pudiera acogerse a ello –ya que se fue de España para no comparecer ante el Supremo–, pero la Cámara lo rechazó.

Sin sueldo

La ley también fija que los expresidentes tiene derecho a percibir, por un periodo equivalente a la mitad del tiempo que han permanecido en el cargo y como mínimo por una legislatura, una asignación mensual equivalente al 80% de la retribución mensual que recibían como presidente.

Sin embargo, las mismas fuentes aseguran que Puigdemont ha renunciado a este sueldo porque es diputado y ya cobra por su condición de parlamentario.

Puigdemont renunció a las prerrogativas de expresidente en noviembre de 2017, cuando el entonces ministro español de Hacienda, Cristóbal Montoro, le preguntó si quería acogerse a la ley de expresidentes de la Generalitat.

Entonces, aún no se había celebrado las elecciones del 21 de diciembre, y el expresidente renunció porque dijo que no reconocía la aplicación del artículo 155 y añadió que él era el presidente legítimo de la Generalitat.