![Comparecencia de médicas y abogados de presos. (FOKU)](/media/asset_publics/resources/000/516/076/article_main_landscape/medicos-presos.jpg)
Médicas que atienden a los presos políticos vascos y letrados que les asisten han comparecido hoy en Bilbo para analizar la situación de indefensión que padecen aquellos aquejados de graves enfermedades, con edad avanzada, mujeres, así como los prisioneros que tras largos años en prisión, en virtud de la propia legislación penitenciaria española, debieran haber sido liberados. La doctora Mati Iturralde ha cifrado en un centenar las personas que tendrían que ser excarceladas de los 278 que actualmente permanecen en prisión.
Tras un extenso análisis de la situación, facultativas y letrados han exigido la «inmediata» puesta en libertad de las 24 personas presas con enfermedades graves e incurables, de las que tienen 70 años, así como de aquellas con tres cuartas partes de la condena cumplida. Asimismo, han reclamado el cambio de destino a una cárcel cercana a su domicilio familiar y progresión de grado acorde a su situación personal y penitenciaria para aquellos que, con diferentes trastornos o tratamientos sicológicos, necesitan de asistencia y un acompañamiento continuado y cercano en el ámbito sicológico y médico. También han demandado ese acercamiento para los mayores de 60 años, los que tienen más de la mitad de la condena cumplida, las mujeres que se encuentran solas y aquellos prisioneros con hijos menores de edad.
«En cumplimiento del principio de legalidad y de la individualización de las penas –han asegurado las doctoras Mati Iturralde y Miren Arana–, es posible y se debe poner en marcha soluciones a todas estas situaciones graves que no pueden perdurar en el tiempo hasta convertirse en problemas médicos y sicológicos sin tratamiento ni posibilidad de alivio». Han asegurado que el mantenimiento de la actual política carcelaria de excepción supone en el caso de las personas enfermas «conculcar su derecho a una vida y una muerte digna».
Enfermos y mayores
Han explicado que se conocen los nombres de 16 presos y presas gravemente enfermas pero hay otros 8 que no se hacen público «por motivos personales». Los letrados Haizea Ziluaga e Iñaki Zugadi han detallado los mecanismos legales que sustentan la puesta en libertad de estas personas y denunciado la «inacción» de la administración penitenciaria, que puede actuar de oficio y no lo hace a pesar de saber de la gravedad de algunos casos. «A pesar de haber desarrollado iniciativas de interlocución de forma discreta y/o vía judicial, no se han visto solucionados ni han sido agilizados los pasos para atenuar los riesgos de un desenlace dramático», han lamentado.
Respecto a las personas de edad avanzada, han señalado que hay tres mayores de 70 años, trece con más de 65 años y otros 19 que superan los 60 años, a quienes con la legislación penal y penitenciaria en la mano se les podría conceder la libertad condicional.
El 80% ha cumplido entre la mitad y la casi totalidad de la condena
Ziluaga y Zugadi han manifestado que el 80% de los presos y presas políticas vascas han cumplido entre la mitad y la casi totalidad de las «larguísimas» condenas que les fueron impuestas. Viendo los números, han dicho que «se pone de manifiesto la perversión de la política de grados existente ya que la práctica totalidad de los presos vascos llegan a la extinción de las tres cuartas partes de la condena clasificados como el primer día, en primer grado de cumplimiento». Han subrayado que, gracias a esa «artimaña», se impide de hecho que cumplan uno de los requisitos exigibles para obtener la libertad condicional, el de estar clasificados en tercer grado.
Mujeres
Arana e Iturralde, por su parte, han fijado su atención en la situación de vulnerabilidad de las mujeres encarceladas. «A la dispersión y alejamiento se le suma el que un buen número de ellas, se encuentran encarceladas solas, sin ninguna compañera», han destacado, antes de mencionar aquellas que son separadas de sus hijos. Son doce las presas encarceladas en soledad y ocho con uno o varios hijos e hijas menores de edad.
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