«Hemos derrotado la principal mentira sostenida por el Estado». La primera valoración de Carles Puigdemont muestra cómo fue recibida la decisión de la Audiencia de Schleswig-Holstein. Con ánimo de victoria para la parte catalana y con frustración, cuando no indignación, para autoridades y políticos españoles, aunque probablemente no les cogió por sorpresa el fallo que permite extraditar al expresident por malversación pero no por rebelión. «La justicia alemana niega que el referéndum del 1 de octubre fuera rebelión. Cada minuto que pasan nuestros compañeros en prisión es un minuto de vergüenza e injusticia. ¡Lucharemos hasta el final, y ganaremos!», arengó el afectado a través de Twitter.

En parecidos términos se expresó su sucesor en el Govern. Quim Torra calificó de «gran noticia» el fallo, y valoró que «demuestra una vez más los engaños y las mentiras de una causa que nunca debería haberse iniciado». En este contexto, auguró que «será en Europa» donde ganarán la batalla judicial.

Suspensión de Schengen

Por contra, algunos políticos españoles no hicieron esfuerzo en disimular su enfado. Uno de los más beligerantes con la resolución del tribunal alemán fue Esteban González Pons, vicepresidente del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, quien llegó a exigir a Pedro Sánchez que suspenda la aplicación de la euroorden y del Acuerdo de Schengen en el Estado español. «Vale España tanto como Alemania, y por lo tanto nosotros hoy debemos suspender la aplicación del Acuerdo de Schengen y exigir que se aclare si la euroroden sirve para algo o no sirve», enfatizó, añadiendo que «hoy es un día muy triste para el proceso de integración de la UE, porque se ha demostrado que la euroorden no funciona, y por tanto en estas condiciones el Acuerdo de Schengen es un riesgo para los países que estamos en la UE».

En esa misma línea, Albert Rivera consideró que la decisión de la Justicia germana «es un mensaje perverso y habrá que considerar en un futuro si lo que hacemos con la euroorden es beneficiar a los que huyen».

Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez, la vicepresidenta Carmen Calvo se mostró comedida y evitó valorar la decisión, aunque añadió que eso «no quita para que deseemos que la Justicia española pueda trabajar con el derecho interno de nuestro país para sacar adelante este proceso» judicial.

El Supremo, en un aprieto

Desde luego, el fallo es un mazazo tanto desde el punto de vista jurídico como respecto al relato sobre lo ocurrido el 1-O y en todo el proceso catalán. «En el caso de Carles Puigdemont, se considera admisible la entrega por el delito de malversación de dinero público pero se considera inadmisible la entrega por rebelión», reza el comunicado emitido por el tribunal, que tampoco admite el delito de perturbación del orden público, que planteó también la Justicia española en el caso de que no se admitiese el de rebelión.

Esta trascendente acotación abre un escenario que tanto el Supremo como la Fiscalía española siempre han rechazado y que podría llevar al TS a no aceptar la entrega del expresident, pues solo podría juzgarlo por el delito por el que sería extraditado, el de malversación, y no el de rebelión. Así lo contempla la legislación sobre reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE (Ley 23/2014) y, quizá como advertencia, la Audiencia de Schleswig-Holstein afirma que tiene una «confianza ilimitada» en que la Justicia española actuará dentro de los estándares que se esperan de la «comunidad de valores» y del «espacio de derecho común» de la UE.

El precedente de la retirada de la petición a Bélgica está ahí, pero volver a recular situaría a la Justicia española en muy mal lugar. Aunque “El Mundo” aseguraba por la tarde que esa era la opción por la que se iba a decantar el juez Pablo Llarena, bien retirando la euroorden, bien llevando el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para consultar si la decisión marco que puso en marcha la euroorden permite una actuación como la del tribunal de Schleswig-Holstein. Con todo, fuentes del Supremo informaron de que la decisión de los jueces alemanes no había sido notificada, con lo que no podrán estudiarla y pronunciarse hasta que la reciban. En el mismo sentido se expresó la fiscal general del Estado, María José Segarra.

El resto de encausados

En todo caso, no hay opción buena para las autoridades españolas. Porque si no retira la petición de entrega, y en caso de que no prospere el recurso de Puigdemont –tardará meses en resolverse–, tendría difícil venta que el principal dirigente del Ejecutivo catalán y cabeza visible del proceso independentista acabara siendo juzgado por malversación y sus subordinados lo fueran por rebelión.

Además, asumir la tesis alemana supondría que habría que levantar la suspensión de sus funciones como diputado, lo que unido a una libertad provisional le permitiría recuperar la Presidencia de la Generalitat.

De momento, ayer se alzaron voces exigiendo que este pronunciamiento tenga correspondencia en el resto de procesados. La defensa de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez consideró que la decisión de descartar la rebelión en el proceso contra Puigdemont debe tener «incidencia absoluta» a la hora de dejar en libertad a sus clientes.

La portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, reclamó a las «instancias judiciales que reflexionen sobre la labor de persecución que se está realizando y de estas prisiones preventivas, de este delito de rebelión que no existe y que lo sabe todo el mundo». Mientras, el vicepresidente del Parlament, Pere Aragonès, consideró que el delito de rebelión que plantea Llarena «debe caer». En la sede del Govern en Madrid, Aragonès valoró que ese delito es una «construcción jurídica artificial». «No pasó la prueba del algodón en la jurisdicción de Bélgica y ahora tampoco la del tribunal de Schleswig-Holstein», indicó, recordando que es esta acusación la que tiene a unos exconsellers presos y a otros exiliados, y que ha llevado al TS suspender sus derechos como diputados.

También la CUP exigió la libertad inmediata de los independentistas presos, el regreso de los exiliados y poner fin «a las centenares de causas abiertas contra ayuntamientos y maestros de las escuelas». La parlamentaria de la coalición Natàlia Sànchez añadió que «Alemania entiende que hay un proceso político abierto contra el movimiento republicano catalán» y que «no se sostiene el relato en forma de novela de ficción que realiza el juez Pablo Llarena».