El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha rechazado que el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont sea extraditado desde Alemania por el delito de malversación de fondos públicos, como había aceptado el Tribunal de Schleswig-Holstein, al que ha reprochado su «falta de compromiso» con unos hechos que, según el juez, «pudieran haber quebrantado el orden constitucional español».

Así lo acuerda el juez instructor de la causa contra el procés en un auto en el que también retira las euroórdenes y la orden internacional de entrega dictadas contra Puigdemont y los otros exiliados en Bélgica, Escocia y Suiza: Toni Comín, Meritxell Serret, Lluis Puig, Clara Ponsatí y Marta Rovira.

Llarena retira las euroórdenes porque las decisiones de Bélgica –sobre tres exconsellers- y Alemania respecto de Puigdemont «no solo cortocircuitan la operatividad del instrumento de cooperación internacional que hemos impulsado, sino que deterioran indebidamente la indiciaria apreciación de responsabilidad que recoge la investigación y un auto firme de procesamiento».

Sostiene que con su decisión de no aceptar extraditar a Puigdemont por rebelión los jueces alemanes han anticipado un enjuiciamiento para el cual no tienen cobertura normativa, sin sujetarse ni a los preceptos de la decisión marco sobre la orden de detención europea, ni a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, ni al Manual sobre la euroorden de la Comisión Europea.

Críticas a los jueces alemanes

Para Llarena, los jueces alemanes deberían haberse limitado a comprobar si los hechos descritos por la jurisdicción española están contemplados en su legislación y no a «abordar el definitivo juicio de subsunción de los hechos en los tipos penales» y «desde una conclusión cerrada de cómo se desarrollaron los hechos o de cuáles fueron las intenciones que pudieron guiar a los partícipes».

«Al actuar de ese modo, el Tribunal de ejecución alemán ha adelantado un enjuiciamiento que no es coherente con la cristalización progresiva de la imputación, y lo hace desde un posicionamiento desacertado», defiende.

Según su auto, el tribunal alemán llega a dar un valor de prueba definitivo a la versión de Puigdemont sin que se pueda confrontar con el resto de las pruebas del procedimiento ni someterse a contradicción con la acusaciones personadas en la causa.

Esta es la segunda vez que el juez Llarena retira una euroorden contra Puigdemont y contra los exconsellers exiliados. La primera vez fue en diciembre pasado, a fin de evitar un varapalo europeo.

Puigdemont y el resto de exiliados tendrán plena libertad de movimientos en el extranjero, pero si regresar al Estado español serán arrestados, ya que sigue vigente la orden de detención estatal.

La Fiscalía alemana archivará la entrega

La Fiscalía General del estado alemán de Schleswig-Holstein aún no ha sido notificada oficialmente de la decisión del Tribunal Supremo, según ha indicado una portavoz de la misma.

«Si la orden europea de detención se retira oficialmente, esto significaría el cierre del procedimiento de entrega», ha explicado la portavoz, Wiebke Hoffelner.

La Fiscalía también arremete

Al mismo tiempo que el auto de Llarena se ha conocido el escrito de la Fiscalía del Supremo en el que se opone a la puesta en libertad de los presos independenitstas catalanes en un escrito en el que critica la «indebida intromisión» de la Audiencia de Scleswig-Holstein en la jurisdicción de los tribunales españoles.

En el escrito, el fiscal asegura que, con su decisión de entregar a Puigdemont por malversación pero no por rebelión, el tribunal alemán ha asumido funciones de enjuiciamiento atribuidas por la ley al Supremo, «lo que dificulta notablemente la posibilidad de reconocer efectos jurídicos a semejante decisión».

La Fiscalía sostiene que esa decisión no puede condicionar «la mayor o menor relevancia penal de los hechos» ni la calificación jurídica de los mismos, pues esa es competencia de los tribunales españoles.