El portavoz del Gobierno de Lakua, Josu Erkoreka, ha informado de que ayer se reunió en Madrid la Comisión Bilateral para hablar de la «conflictividad» en el Tribunal Constitucional y de las transferencias pendientes.

En la cita se llegó a un acuerdo para que el Gobierno de Pedro Sánchez no haga efectivo ante el alto tribunal español el recurso contra la Ley de Presupuestos de la CAV que había anunciado el anterior Ejecutivo del PP.

También han acordado retirar «antes de las vacaciones» el recurso contra la ley de víctimas de abusos policiales a cambio de introducir unos «cambios puntuales», unos «pequeños retoques», para dejar claro que la norma busca únicamente reconocer y reparar a estas víctimas y no identificar a los autores de esas vulneraciones de derechos humanos. 

Víctimas diferentes por «su significado político»

El delegado del Gobierno español en la CAV, Jesús Loza, ha indicado sin embargo que el acuerdo para la retirada de los recursos contiene modificaciones «muy importantes» para centrar el «reconocimiento y reparación» de estas víctimas en el ámbito meramente administrativo y ubicar la actuación de las administraciones autonómicas dentro de la «asistencia social», sobre la que tiene competencias.

Ha subrayado que a todas las víctimas «les une el daño injustamente sufrido», pero que «las diferencia la causa de la victimación y su significado político, que tiene que ver con el objetivo de los victimarios. En el caso de ETA su objetivo era imponer un proyecto totalitario y excluyente y en el de los abusos policiales acelerar el fin del terrorismo por medios ilícitos».  

Loza ha ensalzado la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque con «su sacrificio han sido cruciales para la derrota de ETA. Nunca podremos agradecerles suficientemente su trabajo y su sacrificio y actuaciones aisladas no pueden manchar su buen nombre y su mejor hacer en defensa de la libertad».

El delegado del Gobierno español ha recalcado que si existieron vulneraciones de derechos humanos, «y existieron, algunas con sentencia judicial, lo fueron de forma aislada y no sistemática y fueron disminuyendo progresivamente».

Recurso de colectivos policiales, de la Guardia Civil y de víctimas

Pese al discurso de Loza, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) –en nombre de un grupo que engloba a otros organismos policiales, asociaciones de la Guardia Civil y colectivos de víctimas– ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra la comisión creada para valorar a las posibles víctimas de abusos policiales.

Los integrantes de esa comisión serían los encargados de «analizar y valorar» los casos de posibles víctimas de abusos policiales que cuenten con algún tipo de resolución judicial o administrativa que así lo demuestre.

Para el SUP y el resto de colectivos que apoyan este recurso esto «es una cuestión de relato», porque no se puede considerar víctimas de abusos policiales a todos aquellos que hayan denunciado torturas.

A su juicio, si prospera esta iniciativa no se podría retirar el recurso de inconstitucionalidad pese al acuerdo al que han llegado ahora los gobiernos de Madrid y Lakua.