«La ley no era mía, no me gustaba, pero es la que teníamos», explica a GARA el hermano de Germán Rodríguez, que falleció tiroteado por la Policía en sanfermines de 1978. Estos hechos fueron calificados recientemente como «asesinato» por la propia Delegación del Gobierno. A Rodríguez no le gusta la ley porque apostaba sobre todo por la reparación y lo que él más quiere es la verdad, que se aclare lo que ocurrió.

«La ley estaba centrada en el reconocimiento, pero tenía algún artículo que permitía investigar e ir más allá», asegura. Rodríguez confiesa que el fallo supone «un paso atrás que siempre duele un poco». Aun así, el hermano de Germán reconoce que esta sentencia era «esperable», sobre todo, por venir de donde viene.

«Dicen los jueces que la ley lo que pretendía era suplantar al Poder Judicial, pero ni siquiera han podido ponerse de acuerdo en eso y hay cinco votos en contra. Personalmente, no creo que fuera la intención». A juicio de Rodríguez la ley nace de unos hechos incontestables. «Vieron cómo la Policía entraba a tiros en la plaza las 20.000 personas que estaban allá esperando a la corrida, eso nunca cambia».

Rodríguez lleva sobre sus espaldas años y años chocando contra el muro de la impunidad desde la plataforma Sanfermines 78 Gogoan. Los hechos están ahí, las órdenes de tirar a matar se conservan en una grabación y su hermano está muerto, pero el Poder Judicial español que ahora se muestra tan celoso de sus competencias no hace nada. «La consecuencia que tiene esta ley es que perpetúa la impunidad. Si no puedes investigar, no puedes acceder a archivos y ahí, en los archivos, están los conocimientos necesarios para tener la verdad».

La del hermano de Germán es solo una voz de víctima. La ley anulada permitió reconocer a otras víctimas mortales, como Mikel Arregi, Mikel Zabalza, Ángel Berrueta, Gladys del Estal o José Luis Cano.

Desamparo y autogobierno

Los partidos navarros de la derecha se mostraron triunfantes ayer, ajenos a las consecuencias prácticas de la decisión del Constitucional. Ana Beltrán (PP) envió una nota adelantando que pedirá «explicaciones a Uxue Barkos» por haber desarrollado la ley mediante una Orden Foral (la norma navarra data de la anterior legislatura). A la líder del PP navarro le parece «estremecedor» que se haya seguido adelante y la argumentación que usa ya no tiene nada que ver con la que emplea el TC. Según Beltrán, el Gobierno navarro trató de «imponer una ideología radical que busca blanquear la historia de ETA». Por su parte, Alberto Catalán (UPN) rehuyó la polémica asegurando que abrir un debate sobre lo sucedido «no es nada positivo».

En el otro lado, EH Bildu la criticó tanto por dejar en el desamparo a las víctimas como por ser una afrenta al autogobierno. Maiorga Ramírez aseguró que ahonda en la impunidad. Geroa Bai realizó una lectura similar, centrándose en que la resolución resulta «especialmente dolorosa» y no entiende que en la actual etapa se obstruyan políticas de reparación «para determinadas víctimas». La presidenta del Parlamento, que habló por Podemos, lamentó que se impida la verdad, la justicia y la reparación.

El Consejo de Ministros retirará el viernes el recurso contra la CAV

El portavoz del Gobierno de Lakua, Josu Erkoreka, anunció ayer la inminente firma del acuerdo entre su Ejecutivo y el español por el que el Gabinete de Pedro Sánchez anunciará tras el Consejo de Gobierno del próximo viernes la retirada del recurso de inconstitucionalidad de la ley de víctimas de la violencia estatal presentada por Mariano Rajoy ante el TC, tras la propuesta de incluir retoques «a cuatro preceptos del texto articulado» aprobado por el Parlamento Vasco, para que «si alguien tuviera alguna duda sobre su constitucionalidad», la pierda.

Tras el Consejo de Gobierno de ayer –anticipado al ser hoy festivo en Bizkaia y Gipuzkoa–, Erkoreka explicó que la ley navarra anulada recientemente por el TC es diferente a la de la CAV, pues hace constantes alusiones a la «búsqueda de la verdad», mientras que la de la Cámara de Gasteiz se centra en el reconocimiento y reparación de las víctimas.

En todo caso, el portavoz de Lakua llamó la atención sobre que el TC haga hincapié en que para investigar casos que pueden ser delito hay que remitirse a los jueces, y después el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya condenado hasta en ocho ocasiones al Estado español por no investigar causas de tortura, «hechos de los que después se jactan» en sus libros guardias como Manuel Pastrana, cuando consideran prescritos esos delitos.

Erkoreka cree que se trata de echar tierra sobre un periodo de la historia.I.I.