Mes y medio antes de ser ejecutado, el fotoperiodista mexicano Rubén Espinosa Becerril encontró a tres hombres que le esperaban frente a su casa de Xalapa (Estado de Veracruz). Le miraron de manera agresiva, le sacaron fotos y uno de ellos hizo una seña como de «¿qué pasa?». Más tarde, Espinosa se tuvo que refugiar en una tienda porque le estaban siguiendo y, al llegar a su casa, encontró a otras dos personas aguardándole.

Era 2015 y Veracruz estaba gobernado por Javier Duarte Ochoa, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien dos años después fue detenido por su vinculación a operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Durante su sexenio, el Estado de Veracruz se transformó en una fosa común. Se denunció la desaparición de 2.340 personas. Además, hubo miles de ejecuciones, entre ellas las de diecisiete periodistas, un dato que convierte a Veracruz en la región más peligrosa de América Latina para ejercer la profesión.

Su situación refleja la crisis de derechos humanos que se vive en México: más de 170.000 muertos y 37.000 desaparecidos desde finales de 2006, cuando el Estado declaró la llamada «guerra al narcotráfico», que resultó ser una guerra contra la población civil. Un conflicto que golpeó de forma especialmente brutal a los medios de comunicación. En 2017, en México se registró la ejecución de un periodista al mes, igual que en Siria y más que en Irak y Afganistán. Y ya son once los reporteros que han muerto de forma violenta en lo que llevamos de 2018.

Desde hacía tiempo Rubén Espinosa era activo en la denuncia de los crímenes de Estado y de los atentados a la libertad de expresión. «Todos son atacados cuando critican el gobernador Javier Duarte; me tuve que ir a causa del contexto de violencia que viven los periodistas en Veracruz», afirmó este periodista de 31 años en una entrevista que ofreció en Ciudad de México, adonde se había mudado porque entonces la capital federal era considerada una ciudad segura para los reporteros.

A pesar de que Espinosa había denunciado públicamente las amenazas recibidas, en ningún momento las autoridades encargadas de proteger a los representantes de los medios de comunicación hicieron algo en su favor. Tampoco lo hicieron para proteger a Nadia Vera Pérez, una joven originaria del Estado de Chiapas que había vivido unos años en Xalapa, donde había conocido a Espinosa en el transcurso de una manifestación. Ella también se había autoexiliado a Ciudad de México a consecuencia de las amenazas que recibía y después de que allanaran su departamento en Xalapa.

Vera era antropóloga, artista, defensora de derechos humanos y militante del movimiento estudiantil YoSoy132. Ocho meses antes de que le arrebataran la vida, fue entrevistada por la televisión por Internet Rompeviento TV. El periodista que habló con ella dice que era nerviosa, que volteaba constantemente la mirada hacia la puerta o hacia la ventana, «como si alguien pudiera escucharnos o vernos». Frente a la cámara, Nadia Vera fue muy clara: «Responsabilizamos totalmente a Javier Duarte Ochoa, gobernador del Estado de Veracruz, y a todo su gabinete sobre cualquier cosa que nos pueda suceder a los que estamos involucrados y organizados en este movimiento».

Alrededor de las 14.00 horas el 31 de julio de 2015, Rubén Espinosa se encontraba en el departamento donde vivía su amiga Nadia Vera, ubicado en la Narvarte, una colonia de clase media de Ciudad de México. Un grupo de personas armadas entró y ejecutó a ambos, a las dos compañeras de piso de la joven chiapaneca –Mile Virginia Martín y Yesenia Atziry Quiroz Alfaro– y a su empleada doméstica, Olivia Alejandra Negrete Avilés. Todos sus familiares se enteraron de lo ocurrido a través de los medios de comunicación o de las redes sociales.

La masacre se perpetró en cincuenta minutos. Los cadáveres tenían señales de tortura y todos recibieron un tiro de gracia. Pronto se filtraron fotografías que estaban en poder exclusivo de las autoridades, en las que se veía las jóvenes semidesnudas y con signos de violencia sexual. También se filtró la información de que Quiroz y Martín trabajaban como modelos, y que la segunda era colombiana. Bastó con que se conociera la nacionalidad de Martín para que se pusiera en marcha una campaña de estigmatización de las víctimas. Se dijo la joven tenía vínculos con el tráfico de drogas, una mentira que se presentó como causa del homicidio múltiple.

«Rubén Espinosa se mudó de Veracruz a la Ciudad de México hace dos meses para buscar nuevas oportunidades de trabajo», aseguró entonces el fiscal Rodolfo Ríos Garza. Las autoridades nunca dieron importancia a las amenazas que tanto Espinosa como Vera llevaban recibiendo desde hacía tiempo. Nunca consideraron la labor periodística de Espinosa ni el activismo político de Vera como posibles móviles de su ejecución y del homicidio de las otras tres mujeres.

«Sólo José Abraham Torres Tranquilino, un expolicía, tiene una sentencia condenatoria de 315 años. No se ha investigado a posibles autores intelectuales y no se ha tomado en cuenta la perspectiva de género, por la cual debería de considerarse también como un múltiple feminicidio», señaló Azalia Hernández, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), durante una rueda de prensa en las instalaciones de su organización.

La condena de Torres Tranquilino fue apelada, por lo que todavía no ha sido aplicada, mientras que en mayo fue rechazada la solicitud de amparo contra el auto de formal prisión de los otros dos imputados: Omar Martínez Zendejas y Daniel Pacheco.

«A tres años de lo ocurrido, las familias seguimos sin respuesta, seguimos como en el día uno. Es más que evidente que las autoridades no tienen ni la capacitad ni el interés y mucho menos los elementos para esclarecer este crimen. ¿A quién protegen? ¿A quién temen? ¿Acaso el Estado tiene una participación en este crimen?», sostuvo durante la comparecencia p&bs;ública Patricia Espinosa Becerril, hermana de Rubén.

También leyó una carta que envió a Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de Ciudad de México, quien en 2015 se comprometió a dar seguimiento al caso y a llevar a los culpables a la Justicia: «Te comprometiste y estrechaste nuestras manos como en un pacto de honor, te seguimos esperando y hasta ahora te exigimos que des la cara y nos otorgues las disculpas pública que nos debes, y que nos merecemos. Que nos repares de forma integral a todas las familias, tal y cual como te lo exige la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF). Las familias de cada una de las victimas ahora somos una», escribió.

En junio de 2017, la CDHDF emitió una recomendación con 17 puntos que a fecha de hoy no han sido tomados en cuenta. Señala anomalías, como la contaminación del lugar de los hechos y errores en las autopsias. Además, en el departamento no entró personal médico forense ni se tomaron medidas para preservar indicios; sin embargo sí ingresaron personas que no tenían facultades de investigación. La recomendación de la CDHDF señala también el maltrato que soportaron los familiares de las victimas y la falta de protocolos de investigación específicos para el feminicidio, para homicidios posiblemente relacionados con la libertad de expresión, o con defensores de derechos humanos, a pesar de que Nadia Vera era una activista de en este ámbito.

«Sabía que Nadia Vera es mi hija, pero no sabía que era causa y motivo, inspiración de tantos movimientos sociales y artísticos», manifestó en la rueda de prensa la poetisa Mirtha Luz Pérez Robledo, madre de Nadia Vera, antes de abrazar la foto de su hija. «No entregué el cuerpo de mi hija al fuego, ella ha sido semilla y había que entregarla a la tierra. ‘Qué solos se quedan los muertos’, escribió Bécquer. Pero yo no he querido que se quede sola. Voy a estar con ella, a hablarle, a cantarle, a leer los poemas que para ella escribí. Estos versos no son lamentos ni lágrimas, son hilos para tejer un lienzo que envuelva su cuerpo y lo arrope amorosamente», sostuvo.