Onkologikoa forma parte de la Obra Social de Kutxa desde 1952, y su financiación se ha basado en conciertos suscritos con el Departamento de Salud de Lakua. Gracias a estos acuerdos, que se han revisado y renovado cada cuatro años, atiende a pacientes de Osakidetza, pero no exclusivamente; asiste también a personas que llegan con seguros, mutuas y a pacientes privados.

El convenio vigente se firmó en 2014, y expira en diciembre de este 2018. A partir de entonces, Osakidetza se hará cargo del mantenimiento y los costes de Onkologikoa.

Los años recientes no han sido fáciles. Especialmente agitadas bajaron las aguas en 2013. Muchas eran las voces que pedían su integración en la red pública ante la tendencia privatizadora de la fundación. Grupos parlamentarios como EH Bildu y PSE, el Ayuntamiento de Donostia o la Diputación de Gipuzkoa, incluso los propios médicos, que lo solicitaron por escrito. En aquella misiva, que firmaron 59 facultativos, mostraron su preocupación por «la sostenibilidad y el futuro del centro».

Fue en febrero de hace cinco años cuando Onkologikoa anunció «una nueva estrategia» encaminada a la investigación, concretamente a reforzar los ensayos clínicos en fase uno –practicados en seres humanos–. Por esas fechas se perfilaron convenios con entidades privadas como Europe Oncology Institute, que permitían una gestión externa. Ahí se ubicó el nombramiento de la economista madrileña Almudena Moreno como delegada general, figura que hasta entonces no existía. Dijo entonces que su gestión se basaría en «la rentabilidad económica». En cuestión de meses cesó a María Jesús Mitxelena como directora médica. Contraria a la privatización de Onkologikoa, alegaron que su perfil no encajaba «con el nuevo rumbo».

A propuesta Carlos Ruiz, presidente de la Obra Social de Kutxa, se configuró un Comité Científico Asesor, órgano también sin precedentes. Cuatro de los siete miembros provenían de una empresa privada de Madrid: el centro Integral Oncológico Clara Campal (CIOCC), perteneciente a HM Hospitales, ariete de la privatización de la sanidad madrileña. Ellos impusieron el nombramiento de Moreno. No eran desconocidos.

Ocupación mínima

La actividad diaria en Onkologikoa seguía descendiendo, y la preocupación de los profesionales era cada vez mayor. GARA visitó su interior. En marzo de 2013 se supo de una reducción de pacientes derivados de Osakidetza. La mayoría, el 88% de las atenciones, provenían del servicio público.

El centro ofrecía 75 camas. Enero y febrero de aquel año arrojaron una ocupación de un 30%, con repuntes puntuales de hasta el 60%.

No hubo información oficial sobre este descenso. Desde dentro, personas que conocían al dedillo el funcionamiento apuntaban como posible causa de la bajada de ingresos anuales a la Obra Social de Kutxa. En 2012 fue de 37,5 millones, de 9 millones en 2013. «La bajada de ingresos ha afectado a Osakidetza, al Departamento [de Salud] y el número de pacientes que habitualmente era remitido a Onkologikoa se ha restringido de manera considerable», advirtieron. Intuían que la lista de espera se alargaba mientras tanto en el Hospital Donostia. «Esos pacientes no se han evaporado».

El año avanzaba y las noticias no dejaban de producirse. Nunca con confirmaciones oficiales ni públicas, pese a que el centro se sustenta principalmente con dinero público. A través de sólidas fuentes internas supimos que cinco enfermeras y cinco médicos fueron despedidos en junio de 2013 en el marco del llamado Plan de Actuación que diseñó Moreno. Oficialmente catalogados como «jubilaciones anticipadas», a los cesados se les admitió que se trataba de «despidos objetivos» y «disciplinarios». Y no hubo comunicación previa al Comité de Empresa ni negociación. Los responsables de cada servicio tampoco fueron informados.

A mediados de 2014 se confirmaba que el número de pacientes había aumentado. En los meses precedentes se había procedido a la integración funcional de Radioterapia y Física médica, y había una única lista de espera. Se insufló algo de oxígeno.

Cuentas deterioradas

Y en pleno debate, el consejero de Salud Jon Darpón recibía en su despacho a este diario. Apostó por la renovación del convenio, y por «seguir contando» con Onkologikoa, pero cómo se gestiona y quién está en su dirección «corresponde a la entidad bancaria», declaró.

Almudena Moreno compareció finalmente de forma pública en la Comisión de Salud del Parlamento de Gasteiz. Allí admitía que la situación económica estaba «muy deteriorada». El Plan de Actuación que elaboró preveía terminar de ejecutarse en 2017.

Y en aquella ocasión habló también sobre la cesión a terceros de espacios para garantizar ingresos. «No es plato de buen gusto que esté en tu casa alguien que nada tiene que ver con la oncología, pero el 50% de las infraestructuras están sin utilizar y no se van a utilizar en los próximos cinco años», admitió.

Esta tendencia no cesó. Y no es de extrañar que hubiera reacciones ante la oferta no oncológica en Onkologikoa. En 2015, miembros de la Asociación Profesional de Facultativos de Onkologikoa denunciaron en sede parlamentaria la creación de la marca Logik. «Onkologikoa no nació para hacer liposucciones», criticaron, porque se «incentiva la vía privada» y se obstaculiza «la integración total en Osakidetza».