ELA sostiene que el “Acuerdo marco de colaboración por el empleo y la cualificación 2018-2020” suscrito entre el Gobierno de Iñigo Urkullu y Confebask «no ayudará a reducir el desempleo y la precariedad», y deja en manos de la patronal «acciones que deberían llevarse a cabo por Lanbide en áreas como la intermediación laboral o la formación para el empleo».

Esta valoración no es nueva ya que la firma de ese acuerdo, que estuvo presidida por el lehendakari, se produjo el pasado 16 de abril. Pero ahora esta opinión sindical se basa en los datos recogidos en los últimos meses.

En un comunicado, la central abertzale destacó ayer que en el primer trimestre de 2018 había 110.200 personas desempleadas en la CAV, lo que supone el 10,8% de tasa de desempleo, mientras que en la UE la tasa es del 7,3%. «El 27,8% de los jóvenes se encuentra en paro y el 56,2% de las personas en situación de desempleo lleva más de un año en esa situación», puntualizó.

El acuerdo, añadió, reproduce «muchas de las acciones contempladas en planes y estrategias en vigor del Ejecutivo de Gasteiz». Medidas que, a su juicio, «no han repercutido en la creación de empleo de calidad y estable, sino que han originado más precariedad y han contribuido a la actual situación».

Esto ha quedado reflejado también en los datos oficiales publicados el jueves sobre el paro registrado en el mes de julio, ya que ha aumentado respecto a junio en 572 personas en la CAV (1.087 en el conjunto de Hego Euskal Herria).

También subrayó que entre las personas que trabajan «impera la precariedad», con una tasa de temporalidad del 23,9%, así como que «en todos los casos (desempleo, temporalidad, parcialidad y desempleo juvenil) la situación de las mujeres es peor que la de los hombres».

Datos que, para ELA, ponen en entredicho que el comentado acuerdo persiga realmente, como quedó plasmado en el texto, «un crecimiento sólido con más y mejor empleo con el objetivo de reducir las tasas de paro por debajo del 10%». Por ello, calificó el acuerdo de «pura propaganda, pero de la mala, engañosa», ya que la patronal «una vez más consigue el tipo de empleo que quiere, lo diseña a su gusto y además saca beneficio económico por ello».

Hacia la homogeneización

Por otro lado, el Consejo Económico y Social de la CAV (CES) considera «adecuada» la tramitación del anteproyecto de Ley de Empleo Público, aunque advierte de los «elevados niveles de temporalidad», que entiende como «una anomalía difícilmente justificable». Recuerda que ese anteproyecto, «extenso y complejo», pretende ordenar, definir el régimen jurídico y regular los instrumentos de gestión del empleo público, es decir, «el conjunto de puestos de trabajo de todas las administraciones públicas vascas».

Dado que el texto actual no altera «en esencia» el que ya se presentó en 2015, el CES retoma las consideraciones expresadas en la respuesta anterior. Así, entiende que la Mesa Marco de Negociación de las Administraciones Públicas debe constituirse «de manera efectiva, sin ser planteada como una posibilidad, como recoge el anteproyecto». Y señala que los órganos de negociación colectiva permitirían «avanzar hacia una homogeneización de las condiciones de trabajo del personal de las diferentes administraciones».

Moncloa no entra en reformas estructurales

CCOO y UGT valoraron positivamente el decreto ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros para que 42.000 personas en paro puedan seguir cobrando el subsidio por desempleo de 430 euros mensuales del PAE (Programa de Activación para el Empleo), si bien consideran que la nueva regulación corrige solo «parcialmente» la exclusión de colectivos al dejar «desprotegidos» a los parados de larga duración sin responsabilidades familiares del plan Prepara, por lo que ven «imprescindible» realizar una modificación estructural de las prestaciones por desempleo.

En su reunión de ayer, el Gobierno de Pedro Sánchez también aprobó la distribución de 71,3 millones de euros entre las comunidades autónomas para las políticas activas de empleo, importe que se suma a los 2.055,1 millones ya aprobados este año con cargo al SEPE y al Ministerio de Trabajo. En este reparto, en el que no entra la CAV al tener asumida la competencia en políticas activas, Nafarroa recibirá 824.000 euros. GARA