43 años después de la muerte del dictador Francisco Franco el Gobierno español aprobó ayer por un procedimiento de urgencia la reforma que permitirá la exhumación de sus restos. Lo hace añadiendo mediante un Real-Decreto-ley un párrafo a la Ley de Memoria Histórica de 2007: «3. En el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda.».

La confirmación por parte del Gobierno español de la aprobación del decreto este viernes devino en un segundo debate paralelo sobre el futuro del Valle de los Caídos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez parece descartar la opción de la demolición del mausoleo al detallar en las disposiciones que la decisión «consagra de manera expresa el Valle de los Caídos como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje igualitario a las víctimas».

El principal argumento para la reforma es que la Ley de Memoria Histórica de 2007 exige la retirada de símbolos y monumentos de exaltación de la dictadura franquista y que la presencia en el Valle de los Caídos de los restos de Franco «dificulta el mandato legal de no exaltación del franquismo y el propósito de rendir homenaje a todas las víctimas de la contienda». Añade que el decreto aprobado «pretende poner fin a esta situación».

Razonamiento de la urgencia

El procedimiento por el que ha optado el Gobierno español, el decreto-ley, obedece a una razón de urgencia que el Ejecutivo argumenta diciendo que «la ausencia de actividad gubernamental previa dirigida al cumplimiento del mandato parlamentario urgente y preferente del año 2017 no impide al ejecutivo usar la legislación de urgencia». En el BOE se detallan los numerosos pronunciamientos del Parlamento español e instituciones internacionales que exigían medidas en esta dirección. Así, cita por ejemplo el informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas de 2014. Hace cuatro años la ONU instó al gobierno español a, en un plazo de 90 días, presentar «un cronograma en el que se indiquen las medidas que se llevarán a cabo para implementar estas recomendaciones y asistir a las víctimas del franquismo».