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Agosto va tocando a su fin sin que se haya materializado la intención reiterada por el presidente español en junio y julio de introducir cambios en la política carcelaria, con el traslado a Euskal Herria o acercamiento de presos vascos como medida estrella. Para ello, el Ejecutivo español se habría marcado unos perfiles en los que, según detalló la pasada semana el coordinador del Foro Social Permanente, Agus Hernán, entran 109 prisioneros, el 40% de EPPK.
Sin embargo, en estos meses de verano solo ha sido traído a Zaballa un miembro de este Colectivo, y cuyas circunstancias son muy particulares por la condena impuesta: el tuitero de Amurrio Alfredo Remírez. Se ha repatriado igualmente a dos presos en tercer grado desvinculados de EPPK (Olga Sanz y Xabier Moreno), así como a cuatro de los siete jóvenes de Altsasu que ni fueron condenados por «terrorismo» ni pertenecen al Colectivo (Adur Ramírez de Alda, Aratz Urrizola, Jon Ander Cob y Julen Goikoetxea).
En este contexto, la comparecencia del ministro Fernando Grande-Marlaska hoy en la Comisión de Interior del Congreso puede servir para empezar a determinar el alcance de los cambios que se prometieron. Sobre todo porque ha sido el propio exjuez de la Audiencia Nacional el que ha solicitado acudir a hablar de este asunto (y también del asalto de inmigrantes a la valle de Ceuta). Abordará también un tercer tema, aunque esta vez impuesto por los votos de Unidos Podemos: el cese del coronel jefe de la UCO Manuel Sánchez Corbi.
En sus comparecencias en junio y julio, el ministro de Interior invocó el «principio de legalidad» como base para los traslados que se anunciaban. Frente a ello, PP y Ciudadanos han expresado su rechazo y han tratado de presentar esta medida falazamente como un «beneficio penitenciario». Con la noticia del traslado de Sanz y Moreno a Basauri ya intentaron recrear un escándalo, pero se toparon con asociaciones de víctimas de ETA como AVT y Covite, que avalaron la legalidad de la medida y aseguraron que están siendo puntualmente informados por el ministro.
El delegado español en Gasteiz, Jesús Loza, vaticinó en julio que habría acercamientos antes de concluir el verano, pero de momento los hechos no se corresponden con la declaración. Desde el PNV, que tiene interlocución directa con el PSE en esta y otras materias, también se expresa tranquilidad y se evita apremiar al Gobierno Sánchez.
En Madrid
«Nos preocupa mucho la posición que pueda fijar el ministro. Jonan Fernández [Lakua] ha dicho que entrarían también los más duros»
JAVIER MAROTO
PP
«No queremos privilegios, deben cumplirse las condiciones, como ayudar a esclarecer 379 asesinatos»
MIGUEL GUTIÉRREZ
Ciudadanos
«Esto no solo reverbera en el País Vasco, está en la cabeza de todos y todas en España. Hay que acercarlos y punto, es de sentido común»
TXEMA GUIJARRO
Unidos Podemos
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