El Foro Social ha instado a que se ofrezcan «todas la herramientas necesarias para salvar las deficiencias que existen en las investigaciones de la época». Con motivo, este 30 de agosto, del 'Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas', el Foro Social ha destacado que «el reguero de dolores generado en el seno del denominado conflicto vasco ha sido muy amplio y, por desgracia, también existen siete casos de desapariciones forzadas por esclarecer».
De esta forma, se refiere a los tres jóvenes coruñeses, residentes en Irun, José Humberto Fouz Escobero, Jorge Juan García Carreiro y Fernando Quiroga Veiga, desaparecidos entre Biarritz y Donibane Lohitzune el año 1973.
También alude a Eduardo Moreno Bergaretxe o Pertur, desaparecido el 23 de julio del año 1976 y a José Miguel Etxeberria Alvarez, 'Naparra', desaparecido el 11 de julio del año 1980. El Batallón Vasco Español asumió su secuestro y muerte, pero su cadáver no apareció.
También subraya la desaparición el 7 de agosto del año 1983 en Landas, de Jean Louis Larre, miembro de Iparretarrak, y de Tomás Hernández, al que no se volvió a ver desde el 15 de mayo de 1979 en Hendaia.
En un comunicado, el Foro Social ha considerado que es «labor de la sociedad vasca, en su conjunto, hacer frente al reto de ofrecer la verdad a aquellas personas familiares y amigas de las personas hechas desaparecer». Además, ha defendido «el derecho que tienen todas las víctimas a conocer la verdad de lo sucedido, como principal mecanismo de justicia, reconocimiento y no repetición de lo sucedido». «Basándonos en el derecho internacional, defendemos el principio de no discriminación entre víctimas de vulneraciones de derechos humanos», ha manifestado.
«Consideramos que este tipo de iniciativas, pese a no llegar a oficializar una verdad de manera judicial, pueden contribuir a la reparación tanto moral como social de aquellas víctimas que han sido negadas u olvidadas durante largo tiempo», ha dicho.
En su opinión, «las desapariciones forzosas son casos de máxima gravedad, que requieren de la total atención por parte de las instituciones, sociedad civil organizada y partidos políticos, para así garantizar, de una vez por todas, el derecho de los familiares y amigos de los siete casos de desapariciones forzosas a la justicia, la verdad y la reparación».
Por último, reclama que se ofrezcan «todas la herramientas necesarias en marcha para salvar, de una vez por todas, las deficiencias que existen en las investigaciones llevadas a cabo en la época».
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