Un acuerdo que agrupa al 61,33% de un parlamento con un apoyo tan variado que va desde escaños democristianos a otros comunistas, de representantes independentistas a otros de prácticas simplemente autonomistas, sería considerado suficientemente trasversal en cualquier lugar del mundo; pero en la CAV el unionismo minoritario le ha colgado la etiqueta de «excluyente» e «identitario», y una parte de los firmantes de ese acuerdo anda queriendo hacerse perdonar su supuesto pecado.

Claro que sería mejor un pacto más amplio, pero el problema es que la minoría unionista no quiere ampliar el consenso porque sabe que tiene el poder de vetar en Madrid lo que en Euskal Herria es incapaz de ganar democráticamente. Y eso vale lo mismo para la CAV que para Nafarroa.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, habla de «ensanchar» el actual acuerdo entre PNV y EH Bildu para que el Estatuto resultante tenga «recorrido institucional y viabilidad». Debiera explicar cómo propone hacerlo. Qué parte de lo acordado quiere corregir. La idea que apuntala con sus declaraciones el lehendakari es que, como dice el unionismo, las bases del Nuevo Estatus son demasiado «excluyentes» e «identitarias» y que, por tanto, es necesario limar esos aspectos, que no se debe estar en «el todo o nada», para poder conseguir que en Madrid acepten «un texto articulado para cuando menos una generación». Eso es irreal. Es dotar de magia a las palabras. Lo que la realidad ha demostrado es que en las Cortes españolas nunca van a aceptar ningún estatus que dote a la CAV de las «garantías de una bilateralidad efectiva» de las que habla Urkullu.

De hecho, ahí está la realidad de que el Estatuto de Gernika lleva 39 años sin completarse, como recuerda el propio lehendakari. Y, por cierto, en 21 de esos 39 años han gobernado en La Moncloa sus actuales y pasados socios del PSOE. ¿De verdad se puede poner el futuro del autogobierno vasco en manos de quienes andan todavía regateando lo acordado y refrendado en 1979?

La cuestión no es tanto ensanchar el acuerdo en el Parlamento de Gasteiz, sino la democracia en el Estado español. Y eso parece difícil de conseguir dando por buena la ley del embudo, que obliga a estrechar las ansias de la mayoría vasca para satisfacer a quienes aquí son minoría.