El tribunal de la Audiencia de Araba que enjuicia el ‘caso De Miguel’ ha acordado suspender la vista oral durante dos semanas atendiendo a la petición de Josu Izaguirre, fiscal jefe de Araba, quien ha solicitado el perón para intentar lograr un acuerdo. Los letrados de los 26 imputados, del Gobierno de Lakua y de la Diputación de Bizkaia –instituciones que también están personadas en la causa como actor civil la primera y como acusación la segunda– se han mostrado conformes con esta solicitud.

El juez suspende el juicio del «Caso de Miguel» dos semanas.

— Ion Salgado (@Ion_Salgado) September 17, 2018

Hoy estaba previsto que comenzaran a declarar los 26 imputados, el primero de ellos Alfredo de Miguel, el que fuera número dos de PNV alavés y diputado foral, para quien la Fiscalía ha pedido más de 54 años de cárcel como presunto líder de la trama de cobro de comisiones ilegales.

Sin embargo, en el arranque de la vista el fiscal jefe ha pedido una suspensión temporal, en principio de 15 días –el tiempo máximo que un procedimiento puede estar suspendido es un mes–, para «seguir explorando una vía de posible» acuerdo, que tal y como ha precisado, podría alcanzarse con todos los imputados, alguno de ellos o con ninguno.

Izaguirre ha confirmado que «lleva tiempo» manteniendo conversaciones con las defensas de los acusados con ánimo de «intentar cerrar un acuerdo de condena que satisfaga a todas las partes».

Ha precisado que la solicitud de 15 días es razonable pero que podría ser menor si se cierra antes el acuerdo o se constata que no es viable, o incluso podría pedirse una nueva ampliación porque «hay que rematar algo».

Se reanudará el 1 de octubre

El presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Araba, Jaime Tapia, ha justificado la decisión por la unanimidad de la petición, la necesidad de salvaguardar el derecho de defensa y también de satisfacer los intereses y derechos de las partes.

Ha afirmado que estima que 15 días es un «tiempo suficiente» y ha indicado que en principio el juicio se reanudará el próximo 1 de octubre.

El viernes pasado trascendió esta opción de acuerdo que algunos de los acusados no estarían dispuestos a aceptar.

La encrucijada es muy compleja porque en el banquillo hay sentadas nada menos que 26 personas, y encontrar una solución satisfactoria para todas resulta una labor de encaje de bolillos, dado que las condenas pedidas por la Fiscalía son muy diferentes y también lo es el peso de las pruebas contra cada uno. Según los entresijos de esa negociación desvelados por 'El Correo', la Fiscalía estaría dispuesta a rebajar a un tope de diez años de prisión las mayores condenas (a Alfredo de Miguel, definido como «cerebro» de la trama de comisiones y adjudicaciones falseadas, se le piden 54).