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En concreto se ha querellado por delitos de prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos en relación con un delito de malversación y otro sobre el patrimonio histórico.
Según informa el TSJN, la fijación de fianza se produce con carácter previo a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre si procede o no la admisión a trámite de la querella. UPN tiene un plazo de ocho días para consignar en metálico la fianza.
En un auto, el Supremo recuerda que la acción popular lleva consigo la prestación de una fianza, «que deberá ser proporcionada y equitativa de tal manera que no impida a nadie, en función de su condición económica, el acceso al proceso negándole así su derecho a la tutela judicial efectiva». En ese sentido, no pueden exigirse fianzas que, por su inadecuación, impidan el ejercicio de la acción popular. La Sala estima que una fianza de 12.000 euros satisface las exigencias legales.
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