El Ejecutivo navarro prevé destinar a estos fondos adicionales 3,4 millones en 2018, 3,6 en 2019, 3,8 en 2020 y 7 millones en 2021, en este último caso si el año anterior se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, ha explicado la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, Mari Jose Beaumont, a los periodistas tras la firma del acuerdo.

El acuerdo es el resultado de las reuniones de trabajo celebradas por la consejera y la directora general de Función Pública, Amaia Goñi, con los representantes sindicales los días 11 y 20 de septiembre.

Así se decidió en Mesa General celebrada el 3 de julio, una vez se conoció que la Ley de Presupuestos Generales del Estado, permitía a Nafarroa un incremento extra del 0,30 % de la masa salarial.

Y ello como consecuencia del II Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo suscrito por el entonces ministro de Hacienda y Función Pública con los sindicatos de ámbito estatal, que contempló un 0,20 % en 2018, un 0,25 % en 2019 y un 0,30 % en 2020, porcentaje que alcanzaba un 0,30 % en cada ejercicio para Nafarroa al haber finalizado 2017 cumpliendo el objetivo de déficit.

La promoción del colectivo del nivel E al D se materializará en la nómina del mes de noviembre, al igual que el resto de medidas que se realizarán este año. Se ajustarán los complementos de los puestos de trabajo de forma que el incremento retributivo sea el derivado del abono de las retribuciones personales con referencia en el nivel D.

Se unificará a este personal en solo dos categorías (celador y servicios generales), manteniendo la exigencia de la titulación actual del nivel E, es decir, el certificado de escolaridad.

El coste total de la desaparición del nivel E y la equiparación al nivel D asciende a unos 1,8 millones de euros.

La equiparación del puesto de trabajo de auxiliar administrativo con el de administrativo se realizará de forma escalonada en tres ejercicios al ser la medida de mayor coste económico, ya que supera los 6,6 millones de euros.

En 2020 se dará por finalizada la equiparación con la subida de nivel y la homologación porcentual de los complementos entre ambos puestos de trabajo.

La consejera ha mostrado su satisfacción por este acuerdo, que «recoge reivindicaciones del personal de la Administración, algunas históricas», como el encuadramiento de todo el colectivo del nivel E, el más precario de la Administración, en el nivel D.

Durante la firma del documento, al que ELA se ha abstenido, representantes de los sindicatos de salud y educación contrarios al mismo (SAE, ANPE, Satse y SMN) se han concentrado frente al Palacio de Nafarroa con una pancarta con el lema ‘¡No al acuerdo de Gobierno!’ y carteles en los que se podía leer ‘Recuperación de los recortes para todos’, ‘Reparto insultante, vuestro detonante’ o ‘Vale de sangrarme, ya toca pagarme’.

Beaumont ha reconocido que hay «otras demandas de otros colectivos igual de justas» que no se han podido atender ahora y que se intentará abordar más adelante, pero en este momento económicamente «se puede llegar a lo que se puede llegar».

Por su parte, Jesús Bayon, de UGT, ha afirmado que éste es «un buen acuerdo», ya que para algunos colectivos como personal del nivel E, auxiliares administrativos, cuidadores de educación y vigilantes de carreteras «supone una dignificación tanto de sus condiciones de trabajo como de sus retribuciones por las cuales llevábamos décadas trabajando».

Cecilio Aperte, de CCOO, ha asegurado por su parte que hacer un reparto lineal de estos fondos adicionales hubiera supuesto un aumento máximo de ocho euros en la nómina, por lo que se ha optado por «resolver los problemas detectados en determinados colectivos» y atender «reivindicaciones largamente demandadas».

La representante de LAB, Isabel Artieda, ha subrayado al respecto que «hay personal con reivindicaciones igual de justas que queda para una segunda fase» y ha aseverado que «de ese personal no nos vamos a olvidar».